Capitolio

“Fue el Estado”

¿Quién pagó con cárcel por la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? ¿Quién por la masacre de estudiantes del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, en la demencial administración de Luis Echeverría? ¿Quién por las víctimas de la guerra de baja intensidad, entre las décadas de los sesenta y los ochenta, las cuales comprendieron parte de las presidencias de Díaz, Echeverría y José López Portillo? ¿Quién por el asesinato de los empresarios Eugenio Garza Sada y Fernando Aranguren, en el sexenio de LEA?¿Qué autoridad —también de alto rango— fue procesada por el homicidio del periodista Manuel Buendía, el 30 de mayo de 1984, en el gobierno de Miguel de la Madrid?¿A quién se encarceló por el asesinato de Francisco Javier Ovando, operador político de Cuauhtémoc Cárdenas, cuatro días antes de las elecciones de 1988, ganadas con fraude por Carlos Salinas de Gortari? ¿A quién por el homicidio de más de cuatrocientos líderes de izquierda en el sexenio de Salinas? ¿A quién por la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, “confundido” con Joaquín “El Chapo” Guzmán, mientras esperaba al nuncio apostólico Girolamo Prigione en el aeropuerto de Guadalajara?¿Quién ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, el 23 de marzo de 1994, y qué castigo recibieron el o los autores materiales y quienes participaron en la confabulación? ¿Quién la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu, primero aliado y familiar y después enemigo del clan de los Salinas de Gortari?¿A quién favoreció la muerte de Manuel J. Clouthier, postulado por el PAN para enfrentar a Salinas de Gortari en los comicios de 1988, en un accidente de carretera sospechoso, el 1 de octubre de 1989? Igual de extraño resultó el fallecimiento del también panista José Ángel Conchello, el 4 de agosto de 1998, opositor a los acuerdos entre su partido y Salinas, cuando un tráiler invadió el carril contrario y embistió su camioneta.Ya en el sexenio de Ernesto Zedillo, ¿qué pena recibieron los responsables de la matanza en el vado de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 de junio de 1995, donde diecisiete campesinos fueron asesinados por la policía del estado y veintiún más fueron heridos? Para fingir un enfrentamiento, a las víctimas se les sembraron armas y se les cambió de lugar, como pasó el Tlatlaya. ¿Cómo se castigó la matanza de cuarenta y cinco indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, entre los cuales había niños y mujeres embarazadas?¿Quién ha sido presentado ante los tribunales por los miles de homicidios y desapariciones forzadas en el sexenio de Felipe Calderón? ¿Quién pagará por las masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa y Allende? El infierno de hoy no se debe al presidente Peña—a él, simplemente, le corresponde administrarlo—, es consecuencia de un Estado autoritario y de falta de castigo para los responsables de ordenar y ejercer la violencia. Fox, cínico y ramplón, lo dijo: “El Ejército (parte fundamental del Estado) no está para respetar los derechos humanos”.Frente a tanta violencia acumulada e impune, el veredicto popular es irrebatible: “Fue el Estado”. José Miguel Vivanco,director para las Américas de Human Raights Watch, lo describe así: “Hoy, lo que ha salido a la luz, es el otro México. El México de los abusos, el México de los sectores más vulnerables”. 


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