Capitolio

Los menos buscados

Uno de los efectos nocivos de la alternancia fue que el poder presidencial, ejercido setenta años de manera autoritaria y centralista por el PRI, se atomizó. En lugar de un “jefe máximo” aparecieron treinta y dos. Cada gobernador reprodujo en los estados y el Distrito Federal el modelo de presidencialismo sin límites que había subyugado a sus predecesores. Controlaron congresos, tribunales de justicia, organismos autónomos y en la mayoría de los casos endeudaron a las tesorerías e impusieron sucesor.

Por impericia política, celo democrático o acuerdos electorales —impunidad a cambio de votos—, Vicente Fox y Felipe Calderón dejaron a los gobernadores manos libres. En doce años de presidencias panistas, ni aun los acusados de delitos graves perdieron su puesto ni se les abrió proceso. Pablo Salazar Mendiguchía (PRD-PAN), ex gobernador de Chiapas, fue encarcelado el 7 de junio de 2011 —cinco años después de concluido su mandato—, no por un afán de aplicar la ley, sino por venganza de su sucesor Juan Sabines. Sobre Salazar pesaban cargos de peculado, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Un año y medio después terminó absuelto. Armando Reynoso Femat, ex gobernador de Aguascalientes por el PAN, enfrenta en libertad acusaciones de malversación de fondos. Su hija Graciela cobró fama en las redes sociales como “Lady Dubai”, por sus viajes y excentricidades en el emirato árabe, y su hijo Armando Reynoso es dueño de negocios y propiedades en México y Estados Unidos. El PAN expulsó a Reynoso Femat en 2010, no por corrupto, sino por franquearle las puertas del poder al priista Carlos Lozano, quien ahora le brinda protección.

El único ex gobernador preso, después del docenio panista, es Andrés Granier (PRI), de Tabasco. Su encarcelamiento, el 13 de julio de 2013, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal, malversación de fondos públicos y enriquecimiento inexplicable, no responde al principio de una batida del gobierno de Enrique Peña contra la corrupción, sino a las denuncias y presiones del gobernador Arturo Núñez (PRD) y de la opinión pública. Granier ocupa el quinto lugar en la lista de los diez políticos más corruptos de la revista Forbes. Fuera de Salazar, Reynoso y Granier, el resto de los ex gobernadores imputados en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón por peculado, enriquecimiento ilícito, falsificación de decretos para contratar créditos cuyo destino se ignora, vínculos con el narcotráfico y otros delitos, gozan de impunidad. Destacan Fidel Herrera (Veracruz), Ulises Ruiz (Oaxaca), Mario Marín (Puebla) y Humberto Moreira (Coahuila), todos del PRI. En los casos de Moreira —otro de los enlistados por Forbes en Top 10 de los corruptos—, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, ex gobernadores de Tamaulipas, la justicia de Estados Unidos es la única interesada en investigarlos y, eventualmente, presentarlos ante los tribunales. A Yarrington y a varios colaboradores del ex gobernador de Coahuila —incluido su sucesor interino, Jorge Torres— ya les han decomisado propiedades y cuentas en Texas y en los paraísos fiscales de Bermudas e Islas Caimán.

Hasta hoy, el único ex gobernador preso en Estados Unidos, por narcotráfico y lavado de dinero, es el priista Mario Villanueva (Quintana Roo). El 28 de junio de 2013, un juez de Nueva York lo sentenció a once años. Dos meses después, en San Antonio, Texas, fue detenido uno de sus socios que operaba en La Laguna. El Departamento de Justicia tiene en la mira a otros políticos y empresarios mexicanos.

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