Capitolio

Telón de fondo II

En el Código Electoral de Coahuila “no existe medio de impugnación alguno para modificar o revocar la sentencia controvertida”, indica el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La violación a preceptos constitucionales “Se acredita porque (…) se hacen valer agravios enderezados a demostrar la indebida aplicación o incorrecta interpretación de normas jurídicas en la resolución impugnada, lo cual supondría la presunta violación de los principios constitucionales y legalidad electoral tutelados (…) por la Constitución Federal”.El requisito de Violación determinante “se colma en el presente asunto, pues de resultar procedente los agravios (…) se modificaría o revocaría la sentencia impugnada y, por consiguiente podría revocarse el registro de la coalición ‘Todos Somos Coahuila’, situación que alteraría de forma significativa el proceso electoral”. Si la alianza entre los ocho partidos se mantuvo en pie, fue, como se advierte en los “efectos del fallo”, porque el plazo para el registro de candidatos ya había pasado y para no afectar la certeza de las elecciones. El PAN y el Partido Progresista de Coahuila (PRO) recurrieron al TEPJF cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila (TEPJEC) desechó su inconformidad. El PRO exigía que los emblemas de los ocho partidos aliados aparecieran en las papeletas por separado y no en conjunto. La Corte acepta que ese modelo “transparenta la fuerza electoral” de cada partido “tal y como se expresó en las urnas” y “genera certeza sobre la voluntad del elector”, pero no excluye otros como el de Coahuila “donde se permite el emblema común en la boleta electoral”.La sentencia del magistrado ponente, David García Ortiz, advierte que “la ausencia de prescripciones constitucionales vigentes da libertad a los estados para configurar su régimen de coaliciones con apego a los principios rectores y a criterios de racionalidad”. La reforma del 22 de enero establece normas no aplicables a Coahuila por estar en medio de un proceso, tales como: 1) un solo sistema de coaliciones para todo el país; 2) subir a tres por ciento el umbral de votos para que los partidos conserven su registro; y 3) prohibir que los partidos de nueva creación se coaliguen en la elección inmediata.El PAN argumentó que la coalición “Todos Somos Coahuila” aseguraba a los socios del PRI siete diputaciones, con lo cual quedaría sub-representado en el Congreso a pesar de ser la segunda fuerza política del estado. La Sala Regional del TEPJF precisa que el artículo 116 de la Constitución Federal protege la representación de los partidos “de una manera proporcional al porcentaje de sufragios que alcanzaron en los comicios”. La sentencia apunta: “en todo caso”, el desequilibrio “se verificaría hasta el momento de la asignación de las diputaciones de representación proporcional”. Sin embargo, observa que ante una virtual contradicción entre la Constitución general y una ley ordinaria, por jerarquía prevalecería la primera. Pero además, el Código Electoral de Coahuila ordena que “ningún partido político podrá contar con más de dieciséis diputados” de un total de veinticinco.El PAN y el PRO no pudieron tumbar la alianza por exceder “su posibilidad de impugnación” y por la jurisprudencia según la cual un convenio de coalición “no puede ser impugnado por un partido político diverso, por violación a las normas internas de uno de los coaligados”. En cambio, lograron que el TEPJF limitara a dieciséis el número de curules para militantes del PRI en la próxima legislatura; dos menos que en la actual. 


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