Capitolio

Suicidio político

El apresuramiento por reformarlo todo en menos de un año —economía, educación, energía, elecciones, hacienda, telecomunicaciones…— condujo a la confusión y el desencanto antes de ponerse en práctica los cambios a la Constitución pospuestos por décadas. Entre los objetivos iniciales y las leyes secundarias que el Congreso debate, media un abismo. Las intenciones eran buenas, pero en su implementación fueron torcidas y contaminadas por los poderes fácticos y la debilidad de un gobierno que trata de fortalecerse a través de la censura y el control de los medios electrónicos, lo cual equivale a suicidio en términos políticos.


Nuestra alternancia está muy lejos de la transición española que reformó el estado en dos direcciones —economía y política— un par de años después de la muerte del dictador Francisco Franco. El acuerdo entre las fuerzas políticas dotó a España de bases legales para transformarse en un país moderno y democrático en menos de tres décadas, con una estructura empresarial que le ha permitido expandirse por todo el mundo. Transnacionales ibéricas participan en México en los negocios del agua, el gas y pronto lo harán también en el petróleo.


La intención de acumular iniciativas en un Congreso proclive al dinero y poco ejercitado en el debate y el trabajo serio, cuya agenda parte de las cúpulas partidistas y no de la ciudadanía, es claro: legislar al vapor, bajo presión, sin importar el resultado final de las reformas. En este contexto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, censura con cachaza a quienes, de manera “irresponsable”, pretenden diferir las leyes secundarias. ¿Acaso no fue su partido el que estorbó las reformas propuestas por Zedillo, Fox y Calderón?


Los cambios a la Constitución deben medirse por sus resultados, no por la retórica circundante. Cada vez más voces advierten de los riesgos de revertir la reforma en telecomunicaciones para beneficiar a unos (Televisa), perjudicar a otros (Telmex) y al mismo tiempo reinstaurar el estado autoritario e interventor. La reforma fiscal devino en fiasco: la economía retrocede, millares de empresas han cerrado y los exhortos del sector productivo a rectificar son olímpicamente ignorados. Las reformas de Theodore Roosevelt —el cowboy al que Vicente Fox jamás pudo igualar como estadista— para dividir los monopolios del acero, los ferrocarriles, la industria alimentaria y las finanzas corporativas permitieron que Estados Unidos tomará nuevo aliento. La regulación no significó el fin de los consorcios, al contrario, la competencia amplió las oportunidades en un mercado en crecimiento; por otra parte, estimuló el desarrollo del país con nuevas generaciones de empresarios.


El voto por Andrés Manuel López Obrador se inhibió en 2006 con el argumento de que el candidato presidencial de las izquierdas era “un peligro para México”. La televisión y otros oligopolios jugaron en esa campaña un papel determinante, como volvió a ocurrir en 2012. Sin embargo, el verdadero peligro son los tecnócratas desconectados de la realidad, los políticos vacíos, sin convicción ni compromiso y el Congreso que sesga las reformas para proteger intereses propios y ajenos. El país no les importa, sino el poder; y el poder se otorga o se quita con votos. Es en las urnas donde debe premiarse o castigarse a los gobiernos por sus actos, no por sus intenciones.


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx