Capitolio

Seguro de impunidad

El vacío de información para saber cómo se benefició el estado de una deuda que lo mantendrá atado a los bancos veinte años, arraigó la idea de que mucho de ese dinero se desvió a cuentas y negocios particulares, compra de residencias, aviones, medios de comunicación y fincas en Arteaga y otros municipios. Por lo mismo, el gobierno de Estados Unidos investiga a ex colaboradores de Humberto Moreira y a empresarios cercanos a él, por lavado de dinero y presunta malversación de fondos públicos.
Los más sonados hasta hoy son Javier Villarreal Hernández, primer jefe del SATEC; Vicente Chaires, administrativo de Moreira; y Raúl González Treviño, su embajador en San Antonio. Contra los tres existen procesos —algunos ya concluidos— para confiscarles depósitos y propiedades por decenas de millones de dólares en Texas y en paraísos fiscales como islas Caimán. Raúl González Fernández, hijo de González Treviño, purga prisión preventiva por posesión de más de cinco kilos de cocaína y mariguana con intenciones de distribución, según el fiscal federal asistente Russell Leachman.
El propio ex gobernador interino, Jorge Torres López, forma parte de las pesquisas. Autoridades norteamericanas descubrieron depósitos a su nombre por 2.8 millones de dólares en un fondo de inversiones de Bermudas, otro paraíso fiscal. Torres defiende la licitud de los recursos, que no ha podido probar, y reclama su restitución.
Humberto Moreira sabe demasiado. Como ex gobernador, el destino de la deuda; y como ex líder del PRI, secretos que tampoco conviene desvelar. Y puesto que información es poder, con ella adquirió un seguro de impunidad por la quiebra del estado, el endeudamiento ilegal y el presunto desvío de recursos para financiar campañas y enriquecer a amigos y funcionarios de su gobierno. Acostumbrado a jugar con fuego, el profesor no pensaba en escenarios catastrofistas, sino en cubrirse de gloria: reabrirle al PRI las puertas de Los Pinos, incorporarse al gabinete y luego ser presidenciable. Si en el pasado todo le había salido a pedir de boca, ¿por qué no pensar en la silla del águila?
Sin embargo, debía borrar todo rastro de operaciones anómalas; en particular, las relacionadas con la deuda y su destino. El primer paso consistió en dejar de interino —mientras él se ocupaba de la presidencia del PRI— a uno de sus adláteres: Jorge Torres López. A finales de su período, el Congreso, liderado por Fernando de las Fuentes, otro secuaz de Humberto Moreira, legalizó y refinanció los pasivos. El ardid salvó a los bancos y al ex gobernador, pero no a los coahuilenses que deberán pagar treinta y seis mil millones de pesos, más intereses, en los próximos veinte años.
Humberto Moreira renunció a la presidencia del PRI, en medio del escándalo, por la presión política, mediática y social, con la seguridad de que jamás sería juzgado. La PGR no lo investiga, pese a las demandas del PAN y el PRD. En una reunión donde se discutió el caso de Coahuila, el procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, habría advertido de la inexistencia de elementos contra el ex gobernador.
La mejor defensa de Humberto Moreira es la información que posee sobre el uso de los recursos presupuestarios y bancarios durante su gobierno. El seguro de impunidad cobró efecto en México, no en Estados Unidos. Es lo que ahora debe preocuparle.


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