Capitolio

Resultados, no retórica

Alejandro Castillo López-Midence y César Javier Salas Navarro, de 42 y 39 años, respectivamente, murieron con apenas cuatro días de diferencia. El primero, el 24 de septiembre, en pleno día, mientras se estacionaba a unos pasos de su oficina, en Monterrey; el segundo, la madrugada del sábado 28, antes de abordar su auto acompañado de su novia, en el centro de Saltillo. Ambos fueron asesinados. Castillo, por un supuesto sicario, en aparente represalia por negarse a ser extorsionado; Salas, por resistirse a un asalto.

Quien decide delinquir sabe los riesgos que asume. El menor de ellos, paradójicamente, es ser detenido, procesado y puesto en prisión. En México, el índice de condenas es ridículo. Un funcionario del ayuntamiento de Saltillo se jactaba hace poco, en una junta vecinal, de que la tasa de homicidios dolosos había bajado dramáticamente en los últimos meses. Para descubrir la verdad, basta leer los periódicos, seguir las redes sociales, platicar con amigos. Tender un manto de silencio no resuelve el problema, lo incita. Además, pocas desapariciones y asesinatos se esclarecen.

Hoy mismo, nada se sabe de Cecilia Picazo, Marlyn Peña, Cintia Rodríguez y Carlos Núñez, alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la UA de C, desaparecidos el 11 de abril pasado en Monclova. Excepto que el 26 de septiembre, el procurador de Justicia del Estado, Homero Ramos Gloria, olímpicamente ya los dio por muertos. En declaraciones a los medios, el fiscal informó que entre los veintiséis detenidos del caso figuran los presuntos plagiarios y homicidas de los jóvenes, los cuales, “por una confusión”, fueron “ubicados como integrantes de algún grupo delincuencial”.

Ya en otra ocasión, Ramos Gloria había atribuido el asesinato de un reportero de Saltillo a sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. El gobernador Rubén Moreira le corrigió la plana, ante el malestar de la sociedad y de los medios. Ahora es el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Juan José de Larios el que cuestiona la ligereza del procurador. Declaraciones así, advierte, “son una clara evidencia de las reiteradas violaciones a los derechos humanos que pueden ser consideradas como tortura o tratos crueles e inhumanos…”. Las familias de los estudiantes de Monclova se enteraron por la prensa de que sus hijos ya habrían sido asesinados.

El riesgo mayor que corren quienes optan por el camino de la criminalidad consiste en morir en un enfrentamiento con la policía o con alguna banda rival. Pero quienes, como el empresario regiomontano Alejandro Castillo y el artista saltillense César Javier Salas (chelista) creen en su país y no se sometena las fuerzas que tratan de coartarles la libertad e imponerles un modo de vida contrario a sus creencias, lo menos que merecen de sus autoridades es seguridad. Y sin embargo, es lo menos que reciben.

El repudio social por el asesinato de ambos —alevoso y brutal— es rotundo y explicable. Eran hombres buenos que no hacían mal a nadie. Al contrario, se esforzaban por hacer de México un mejor lugar para vivir a través de sus actividades empresariales y artísticas. Muertes así no son las primeras, pero pueden reducirse si la ciudadanía se organiza y presiona a las autoridades. Primero, para exigir calles seguras; y segundo, castigo para los criminales. Resultados, no retórica. Respeto a las víctimas, no protagonismo.

gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx