Capitolio

Regresión autoritaria

Mientras en Alcalá de Henares el Premio Cervantes Fernando del Paso exhortaba a evitar la implantación de un “Estado totalitario” en México, The New York Times publicó una denuncia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado para brindar asistencia técnica en la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la nota de Asam Ahmed y Paulina Villegas, publicada el 23 de abril en la portada del NYT, los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declararon haber “sufrido ataques cuidadosamente orquestados por los medios de comunicación mexicanos, el rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder entrevistas con figuras esenciales, e incluso uno de los funcionarios que estuvo involucrado en la formación del grupo fue objeto de una investigación criminal. Para algunos, la conclusión inevitable es que el gobierno simplemente no quiere que los expertos resuelvan el caso”.

El funcionario aludido es Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH. Adláteres del gobierno lo acusaron de malversar fondos asignados al GIEI, lo cual fue desmentido. La denuncia fue archivada. Sobre el caso, Álvarez declaró: “Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori se abrió una investigación previa, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez. (…) México se está poniendo por eso en una señal muy clara de regresión autoritaria”. (Reforma 31.3.16.)

Para Ahmed y Villegas, “La presión sobre los investigadores —descrita por cuatro de los cinco miembros del pánel en entrevistas con The New York Times— socavan las promesas hechas por el gobierno mexicano de cooperar plenamente para descubrir qué pasó con los estudiantes, uno de los peores casos de abuso de los derechos humanos en el país en los últimos años”.

La investigación del GIEI quedó inconclusa por una razón: el gobierno deseaba imponer la “verdad histórica” del secuestro, asesinato e incineración de los normalistas en el basurero de Cocula. Al final lo consiguió (por eso se los declaró muertos y no desaparecidos), aunque nadie la crea. Los expertos de la CIDH se habían convertido en una amenaza para el presidente Peña Nieto. Por eso los echaron, pero antes se orquestó una campaña de descrédito en su contra.

 

gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx