Capitolio

Reforma inaplazable

Las autoridades locales y federales cometen el error de no ver ni escuchar los problemas, angustias y sueños de la sociedad, de la cual solo esperan aplauso y votos para sus partidos; y si no los obtienen, los compran con dinero del erario o, peor aún, de la delincuencia organizada. Los políticos prefieren oírse a sí mismos, pues les resulta menos fatigoso. En cambio, la geología, la sismología y la meteorología observan permanentemente los cambios de la naturaleza para prevenirnos sobre desastres como las erupciones volcánicas, los terremotos y los huracanes, y aconsejan a las comunidades cómo actuar para proteger sus vidas y sus bienes.Desde esa perspectiva, es absurdo que los gobiernos desatiendan las manifestaciones sociales, cuya fuerza puede ser mayor a la de algunos fenómenos naturales, e ignoren sus causas. Si las marchas de 1993 y 1996 en la Comarca Lagunera contra la inseguridad pública, la corrupción y la impunidad hubieran recibido la atención adecuada, se habrían evitado años de terror y el desprestigio internacional derivado de la violencia urbana.Antes de Tlatlaya y Ayotzinapa, la sociedad salió a las calles masivamente para advertirle al gobierno que la inseguridad había llegado ya a límites intolerables y amenazaba al propio Estado. Madres, esposas y padres de víctimas de la insania y la sevicia criminal, así como de la incuria gubernamental e incluso de su complicidad con los malvados, encabezaron no solo movimientos nacionales, sino que también suplieron al gobierno en tareas de investigación e identificación de delincuentes.En ese contexto emergieron líderes y movimientos ciudadanos: María Elena Morera, de México Unido Contra la Delincuencia y Causa Común, cuyo esposo Pedro Galindo sufrió secuestro y la mutilación de dedos de ambas manos; Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, madre de Hugo Alberto, quien fue secuestrado y asesinado; y Alejandro Martí, de México SOS, a quien le asesinaron a su hijo Fernando, de solo catorce años, luego de un secuestro en un retén cuando viajaba a la escuela.Silvia Vargas, hija de Nelson Vargas, leyenda del deporte nacional y funcionario del gobierno foxista, murió también a manos de sus raptores. En 2011, mientras en Allende, Coahuila, más de trescientas personas sufrieron desaparición forzada, muchas de ellas para ser ejecutadas con saña en ranchos e incluso en una cárcel —detalles que el presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Luis Efrén Ríos, prefiere que la prensa omita— y sepultadas en fosas clandestinas, en Temixco, Morelos, Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, fue asesinado junto con otros seis jóvenes. Y las autoridades, impasibles.La rabia, históricamente contenida, explotó: “Si no pueden, renuncien” (Alejandro Martí), “Eso no es tener madre” (Nelson Vargas), “Ya nos tienen hasta la madre” (Javier Sicilia). Fox, como Salinas en su sexenio, no vio ni oyó; Calderón tuvo el valor de afrontar a familiares de los muertos y escuchar de Sicilia: “Señor presidente, está obligado a pedir perdón a la nación, en particular a las víctimas”. Hoy la gente está de nuevo en las calles. Algunas voces exigen la renuncia del presidente Peña, sin medir las consecuencias. México no necesita un nuevo pacto, esta vez por la seguridad, que igual puede cumplirse o no, sino una reforma jurídica, institucional, para empezar a vivir, de una vez por todas, en un auténtico país de leyes, en un Estado de derecho. Sin esa reforma, todas las demás fracasarán. 


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx