Capitolio

Purga inaplazable

Una de las prerrogativas metaconstitucionales de la presidencia imperial le permitía al soberano retirar del cargo a gobernadores impuestos por su predecesor. El mensaje era inequívoco: “quien manda soy yo, y no quien se fue o vive enfrente”. Lázaro Cárdenas aplicó la fórmula para poner fin al “maximato” de Calles, y Salinas para tratar de implantar el suyo.

El presidente decidió por mucho tiempo la suerte de los estados. Por tal razón era temido y reverenciado. Los gobernadores se autorregulaban. Podían ser capaces o no, cultos o cerriles, “robar, pero hacer obra”, ejercer el poder con severidad o mano izquierda. Lo que no les estaba permitido era generarle problemas al presidente. Los conflictos deberían resolverse en las localidades y no trasladarse a la capital. Los gobernadores tampoco podían aspirar a la “silla del águila” sin haber pasado antes por el gabinete.

Fox y Peña saltaron de los gobiernos de Guanajuato y Estado de México a la presidencia, sin el bagaje ni las prendas necesarias para ocuparla. Los resultados, pobres en ambos sexenios, están a la vista. Fox no separó a ningún gobernador, aunque varios merecían estar en prisión por sus excesos.

Peña tampoco ha utilizado su influencia para defenestrar y encausar —por las vías pertinentes— a gobernador alguno. En un país con auténtico Estado de derecho, los gobernadores pillosya habrían sido investigados, separados del cargo y  puestos en la cárcel.

En el sexenio de Peña, el único gobernador renunciante ha sido Ángel Aguirre (Guerrero), por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, cuando lo procedente hubiera sido fincarle responsabilidades por la participación de la policía del estado en los sucesos. En México la clase política se regodea en la impunidad y en el descaro.

Los gobernadores deberían ser investigados por instancias locales, pero como eso jamás sucederá, pues todas están bajo su férula; como el Congreso federal actúa solo por consigna, y como, al parecer, Peña no ha terminado de pagar compromisos de campaña con ellos, debe ser la ciudadanía la que presione. Los guatemaltecos lo hicieron sin claudicar en el proceso, y el presidente Otto Pérez no solo fue separado del cargo, sino que podría ser sentenciado a 20 años de prisión. Si EPN retirara a cinco o seis gobernadores, y los tribunales castigaran sus faltas, podría ser recordado por algo positivo.


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