Capitolio

Prueba de fuego

La estrategia de seguridad del presidente Peña Nieto al principio de su gobierno causó preocupación y suspicacia en México y Estados Unidos, después de que Felipe Calderón dedicó su sexenio a combatir la delincuencia organizada y a tratar de frenar la expansión del narcotráfico a actividades terroristas y otras de alto impacto como el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas. Los resultados todavía hoy se cuestionan, pero si el gobierno anterior no hubiera enfrentado el problema con determinación y por encima de cálculos políticos, a pesar de sus errores, el deterioro del país sería mayor.


Resulta comprensible que el presidente Peña decidiera reordenar las prioridades y colocar delante de la agenda el tema económico, con base en un amplio programa de reformas cuyos resultados se verán a mediano y largo plazo. Como parte de ese plan, el gobierno y los medios empezaron a hablar menos de la inseguridad y más del “momento mexicano”. Cambiaron las formas y el lenguaje se suavizó con eufemismos, pero la inseguridad y la violencia seguían donde mismo. Y la imagen del país, por el suelo.


A pesar de que los homicidios empiezan a registrar una disminución, atribuible a la combinación de acciones del sexenio pasado y a las políticas de la nueva administración, cuyo objetivo al final es el mismo: pacificar el país, las cifras son todavía alarmantes: más de dieciocho mil en el primer año de la gestión peñista. Sin embargo, los secuestros se dispararon y México volvió a aparecer en los medios internacionales como un país inseguro, riesgoso para la inversión y peligroso para el turismo. Los avisos de alerta ya no proceden solo de Estados Unidos, sino también de la Unión Europea. Conforme el tiempo avanzó y el problema se agravó por el control de los carteles sobre algunos territorios, el surgimiento de las autodefensas y la presión internacional, el gobierno del presidente Peña llevó el tema de la inseguridad en primer plano. El éxito de las reformas no depende solo de leyes secundarias claras y pertinentes, sino también de que México sea percibido como un país seguro. En ese sentido, la detención de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en la que el gobierno de Estados Unidos contribuyó de manera decisiva, lanza al mundo una buena señal.


Es significativo que el primer mensaje público del presidente —sobre la captura de Joaquín Guzmán— lo haya dado en Coahuila, residencia de capos y escenario de cruentas disputas entre organizaciones criminales, entre ellas la de Sinaloa cuyo líder era “El Chapo”. Su extradición a Estados Unidos ocurrirá tarde o temprano como pasó con Oziel Cárdenas, del cártel del Golfo, en el primer año de gobierno de Felipe Calderón. Peña inauguró en Frontera el 105 batallón de infantería y encabezó la ceremonia por el 193 aniversario del Día de la Bandera. El presidente ha mostrado voluntad y energía. Encarceló a una cacique sindical (Elba Esther Gordillo) y a un gobernador corrupto (Andrés Granier), anuló a otro por incompetente (Fausto Vallejo), existe orden de aprehensión contra un empresario prominente y de apellido ilustre (Gastón Azcárraga) y ya cayó el principal capo de las drogas (Joaquín Guzmán). Para demostrar que va en serio y no protege a delincuentes, le falta poner tras las rejas a un ex gobernador —aliado suyo y acaso también mecenas— que haya tenido nexos con el narco y se haya enriquecido con el dinero de los contribuyentes.


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx