Capitolio

Promiscuidad política

Las nóminas de aspirantes a diputados locales son una mezcolanza y están llenas de absurdos. Luis Gurza Jaidar, sucesor de una de las familias panistas de mayor raigambre en La Laguna y promotora de un juicio político contra el gobernador Óscar Flores Tapia, hoy es candidato de la coalición “Todos Somos Coahuila”, encabezada por el PRI, aunque por las siglas del Partido Verde (por fuera y podrido por dentro) en el distrito IX. También figura en el lugar número cinco de la lista verde para diputado plurinominal.El Partido Social Demócrata tuvo la generosidad de renunciar al asiento de representación proporcional que espera obtener el 6 de julio para cederlo a Claudia Morales, esposa del exalcalde de Torreón, Eduardo Olmos, y hasta hace poco secretaria de Turismo del Estado. En cambio, los líderes de los partidos Revolucionario de Coahuila (PRC) y Campesino Popular (PCP), Abundio Ramírez y José Luis López, abrumados por “la responsabilidad histórica”, se colocaron en el primer lugar de sus respectivas listas. Sin embargo, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que impide a los militantes de un partido representar a otro, no solo podría dejarlos fuera del Congreso, pues las curules de representación se distribuirán según el peso real de cada fuerza política, sino también del presupuesto en caso de no alcanzar el dos por ciento de la votación total. Prescindir de tres o más partidos satélite liberaría de lastre al estado. Además de tránsfugas, en el listado de candidatos aparecen júniores, hermanos y familiares de líderes partidistas. Tal circunstancia confirma que los partidos, sobre todo los de poca monta, no son “entidades de interés público”, según los define la constitución, ni reflejo de un estado plural, sino franquicias para acceder a cargos de elección popular, dinero del erario y negocios. Además, claro, de fuero: lo mismo para evadir responsabilidades menores que para avalar deudas monumentales, como ocurrió en la anterior legislatura. Lo llamativo no es que miembros de la principal fuerza política hayan sido postulados por otras organizaciones —la ley lo permite en el caso de las coaliciones—, sino que, ante la posibilidad de ganar y de que sus triunfos les sean contabilizados a su partido de origen, anunciaran su renuncia al PRI después de conocido el dictamen del TEPJF, lo cual genera suspicacias. Las supuestas defecciones buscan evitar una resta de poder en el Congreso, en virtud de que ningún partido podrá tener más de dieciséis diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, incluidos los militantes postulados por otras siglas. Francisco Tobías dice que “renunció” al PRI porque este “no abrió convocatoria en el Distrito II”. ¿Tenía necesidad de hacerlo si de todas maneras sería candidato de la coalición “Todos Somos Coahuila” por el Partido Social Demócrata? En su desmesura, Tobías reveló una especie de desbandada silenciosa de las filas priistas: la de Irma Leticia Castaños, para afiliarse al Partido Primero Coahuila, del cacique lagunero Jesús Contreras; y la de Graciela Trueba, para adherirse al Partido Nueva Alianza (Panal). Los tres fueron inmediatamente postulados, lo mismo que Óscar Morales como suplente de Gurza Jaidar, por el Verde. Tal vez los estatutos de esas organizaciones lo permitan, pero los electores ya no comulgan con muelas de molino.



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