Capitolio

Presidencialismo agotado

Ninguna presidencia fuerte será legítima ni podrá estar segura si atropella la libertad, la democracia, las leyes y los derechos humanos, pues de lo contrario devendrá en dictadura. La mayor parte del siglo pasado, el presidencialismo mexicano basó su fuerza en la violación de las normas constitucionales, en una división de poderes inexistente y en una prensa dócil. Por eso, cuando el contexto mundial y las presiones internas lo obligaron sujetarse a las reglas, perdió efectividad.


El PRI recuperó el poder con la promesa de ordenar el país, brindarle seguridad y destrabar el crecimiento, después del fracaso de los gobiernos de Fox y de Calderón en esos y otros temas. Jamás ofreció atacar la corrupción como el PAN sí lo hizo, sin intentarlo siquiera. El argumento para transformar era la experiencia de sus cuadros técnicos y políticos. Razonamiento endeble, pues administraciones priistas fueron las responsables de las peores crisis económicas, de las cuales no puede disociarse la de inseguridad de los últimos sexenios.


En los doce años que mediaron entre la salida del PRI y su retorno a la presidencia, el país registró cambios importantes. La sociedad civil, los medios de comunicación y los agentes que contribuyeron a la alternancia ganaron mayores espacios para la libertad, la participación y la crítica. Como resultado, se aprobaron leyes de acceso a la información pública, las cuales permiten conocer el gasto del gobierno federal y se crearon organismos reguladores, cuya autonomía empieza a perderse.


Despojado de poder discrecional, el presidencialismo no solo perdió fuerza y eficacia, sino también autoridad, excepto, claro, entre su corte. La silla del águila dejó de ser trono para convertirse en diana, con Fox y Calderón, a la cual todo el mundo dirigía sus dardos; y con Peña Nieto, en tendencia del momento en las redes sociales. La irreverencia es saludable para la democracia inglesa, francesa o alemana. Máxime para una todavía balbuciente como la mexicana, pues inmuniza contra los charlatanes.


La reunión de Peña Nieto con familiares de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre, cumplió una función: mostrar al país a un presidente sensible y solidario; mas no su objetivo: reducir la presión social y modificar la percepción, dentro y fuera del país, de un Estado aislado, sin respuestas e incapaz de transmitir seguridad y esperanza. Para buscar a las víctimas y castigar a quienes ordenaron y ejecutaron el secuestro masivo en Iguala —autoridades y delincuentes sin fuero—, no es necesario suscribir acuerdos, sino que el gobierno cumpla sus obligaciones.


Los padres de los normalistas acudieron a Los Pinos con expectativas, pero salieron decepcionados de “escuchar lo mismo (…) como al principio”, declaró Emiliano Navarrete a Carmen Aristegui, cuyo hijo José Ángel, de 18 años, figura entre los cuarenta y tres desaparecidos. Navarrete no fue a pedirle un favor al presidente—replicó—, “sino a exigir justicia como mexicano”. Su teoría sobre la reunión con Peña Nieto, treinta y tres días después de los sucesos, es que la presión internacional y de los medios de comunicación del país y el extranjero obligó a celebrarla. Omar García, uno de los sobrevivientes, narró su experiencia en el infierno. El presidencialismo, en México, ya se agotó.


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