Capitolio

País de cínicos

Transparencia Internacional publicará el 3 de diciembre, en su sede de Berlín, el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, como lo hace cada año por estas fechas. En la clasificación previa, México ocupó el lugar ciento cinco de entre ciento sesenta y cinco países encuestados, con una puntuación de treinta y cuatro unidades. Empata con Algeria, Armenia, Bolivia, Gambia, Kosovo, Mali y Filipinas. En la cima de la tabla figuran Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda.
Comparado con los países del G20, México se ubica en la posición diecisiete (de diecinueve) y respecto a los miembros de la OCDE es el último de la fila (el número treinta y cuatro). Significa que es el más corrupto. Existen motivos de sobra para esperar que en el índice de 2013 descendamos varios peldaños, como sucede anualmente. Resulta vergonzoso que a nuestro país se le conozca en el mundo por sus vicios y no por sus virtudes.
Para más inri, el Congreso, lugar donde se escriben las leyes —para violarlas y acomodarlas al gusto de los diputados, los senadores y los intereses que representan— y se aprueba el presupuesto —para repartirse como botín—, se hunde en el descrédito al confirmarse lo que ya es de sobra conocido: los legisladores cobran diezmo por los recursos que gestionan para estados y municipios. El PAN, que durante décadas vio la paja en el ojo ajeno, descubre hoy la viga que carga en el propio.
Es indignante que esto ocurra en un país donde el hambre y la miseria crecen de manera exponencial. El país de cínicos que López Portillo vislumbraba en el ocaso de su poder superó todas las expectativas. La política es hoy por hoy el medio más inmediato y menos riesgoso para enriquecerse a costa de la mayoría de los mexicanos. Lo que sucede en las cámaras de Diputados y de Senadores se reproduce en las dependencias federales, estatales y municipales, donde los funcionarios son al mismo tiempo contratistas o coyotes.
Lo único bueno de la corrupción es que exhibe a los corruptos, dice Noam Chomsky. Sin embargo, tal cosa sucede en países donde el estado de derecho es real y no quimera. Donde robar el dinero que más debe respetarse, el de los contribuyentes, se castiga con cárcel, no con discursos, rabietas y manotazos. La falta de castigo estimula la conducta, lo que en México explica los altos grados de corrupción en todos los niveles de la administración pública, donde un apellido ilustre equivale a patente de corso.
Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional, advierte de que “Los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas. Entre las prioridades están normas más efectivas sobre lobby y financiamiento político, una mayor transparencia en la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población”.
Cobus de Swardt, director ejecutivo de TI, dice que “la corrupción es el problema mundial del que más se habla. Las principales economías del mundo deberían también dar el ejemplo y asegurarse de que sus instituciones sean completamente transparentes y que sus líderes rindan cuentas por sus decisiones”. La condición es crucial “para impedir que la corrupción se propague a nivel mundial”, apunta De Swardt. Sin embargo, mientras en México el poder se centraliza de nuevo y el presupuesto se opaca, la corrupción vuelve a extenderse con la rapidez del rayo.



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