Capitolio

Ombudsman en la picota

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Federal Electoral vivieron su mejor momento con Jorge Carpizo y José Woldenberg, sus primeros presidentes. ¿Qué explica su éxito? Por una parte, el prestigio, la formación y trayectoria profesional y académica de ambos; por otra, las circunstancias del país y la presión internacional. El mundo había cambiado y México no podía ser por más tiempo la “dictadura perfecta”, según la definición del “sistema” hecha por Mario Vargas Llosa en el segundo año del gobierno de Salinas.


Sin instituciones creíbles, el Estado no podía garantizar el respeto a los derechos humanos ni organizar elecciones libres y democráticas. Con una dilatada tradición autoritaria —la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, la desaparición forzada de activistas políticos y sociales con fines de exterminio y el asesinato de líderes de izquierda— y la hegemonía de un partido, pocas figuras del gobierno podían transmitir seguridad a una sociedad escéptica y en proceso de maduración política.


Salinas recurrió por ello a Jorge Carpizo, académico y jurista de credenciales impecables, para presidir la CNDH. El ombudsman ya había sido rector de la UNAM, donde afrontó la huelga de 1986 por su reforma para reducir la cobertura del pase automático, y ministro de la Corte. El día de su toma de posesión, el 6 de junio de 1990 en Palacio Nacional, el gobernador a quien años más tarde sustituiría en el despacho principal de Bucareli, le comentó a un colega suyo del norte: “Si esto (el respeto a los derechos humanos) se cumple, ya nos llevó la chin…”.


Sin embargo, ningún prestigio personal puede transformar por sí solo un sistema viciado. Carpizo perdió la aureola de funcionario público intachable en la PGR y después en Gobernación. Como procurador, jamás pudo convencer de que el magnicidio del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara,había sido consecuencia de un error del cartel de los Arellano Félix al confundirlo con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y no de una acción deliberada para silenciar al jerarca católico.


Entre diciembre de 1993 y enero de 1994, Ramón y Benjamín Arellano Félix se entrevistaron en la sede del nuncio apostólico Girolamo Prigione para deslindarse del asesinato. Sectores de la Iglesia y organismos civiles sostienen todavía hoy que se trató de un “crimen de Estado”. El paso de Carpizo por Gobernación también resultó polémico: 1994 marcó el desplome del salinismo y la quiebra del país, con el EZLN ya alzado y más tarde con los atentados contra Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo, y José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre.


Jorge Madrazo, Mireille Rocatti, José Luis Soberanes y Raúl Plascencia, en funciones, sucedierona Carpizo en la CNDH. Cada uno de ellos desdibujó la figura del ombudsman por su proclividad al príncipe y su alejamiento del pueblo cuyos derechos, en teoría, debieron defender de los abusos del poder. El caso Tlatlaya, donde militares habrían ejecutado a veintidós presuntos delincuentes después de su rendición, puso en la picota a Plascencia, al Ejército y al Estado mexicano. La CNDH ejemplifica la crisis de los órganos autónomos a la que se refiere el presidente del Senado, Miguel Barbosa. Del Instituto Nacional Electoral (antes IFE) me ocuparé en una próxima columna.


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