Capitolio

Nuevo despertar

La crisis de derechos humanos en nuestro país obligó al Senado a nombrar nuevo ombudsman. Raúl Plascencia, quien ocupó el cargo hasta el 13 de noviembre, era inelegible, no por impedimentos legales, sino por su desempeño. El caso Tlatlaya, donde un grupo de militares masacró a veintidós presuntos delincuentes, y el exterminio de cuarenta y tres normalistas de Ayotzinapa, no solo deben significar el relevo del defensor del pueblo, sino el inicio de una nueva etapa en la defensa de los derechos humanos.El Senado eligió como presidente de la CNDH a Luis Raúl González Pérez, pero su decisión fue influida por la sociedad y la opinión pública nacional, más allá de las consultas previstas por la Constitución. La misma presión obligó antes al gobierno del presidente Peña Nieto a revocar la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, adjudicada alconsorcio encabezado por China Railway en condiciones extrañas. El asunto devino en escándalo al descubrirse que Ingeniería Inmobiliaria el Centro, del Grupo Higa, socio de la multinacional china, es propietaria de la residencia por la cual la esposa del presidente Peña, Angélica Rivera, reconoce ahora haber pagado 14.3 millones de pesos (un tercio de su valor), operación también ya cancelada. Las decisiones del Senado y del gobierno federal, contrarias a intereses políticos (la reelección de Plascencia) y económicos (el contrato a China Railway), sientan precedentes plausibles. Sin embargo, no fueron concesiones del poder, sino logros de una ciudadanía más atenta alos asuntos públicos, y de medios de comunicación libres y comprometidos con su función de investigar, informar y denunciar; es decir, de antipoder. Si la elección de Plascencia para un segundo periodo no se cuestiona y la licitación del tren no es impugnada, las cosas habrían seguido su curso original.La sociedad civil, los gobiernos y los congresos —federal y locales—deben aprovechar la experiencia: la primera, para mantener una actitud crítica y vigilante sobre el comportamiento y las decisiones de sus autoridades, con el objeto de modificarlas cuando sean inicuas; y los segundos, para dejar de ignorar a la ciudadanía, transparentar la asignación de obras y servicios públicos y nombrar presidentes de las comisiones estatales de los derechos humanos que sean auténticos defensores del pueblo y no subordinados del poder. Cuando los ciudadanos, en particular los jóvenes, trasladen a las urnas la indignación y energía manifestadas en las callesen las últimas semanas, así como a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca,el tráfico de influencias, la asignación amañada de contratos y otros temas contrarios a la ley y agraviantes para la sociedad,los partidos se lo pensarán dos veces antes de postular candidatosnegligentes, sin escrúpulose irresponsables; o peor aún, embajadores de la delincuencia.Los mexicanos hemos aprendido, a fuerza de desengaños, fracasos y experiencias dolorosas, que los cambios jamás procederán de las cúpulas, sino de abajo, donde los problemas son reales y no mitos geniales, como Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas y mentor de Luis Videgaray, actual titular del ramo, dijo de la pobreza. Ayotzinapa no solo ha tenido la virtud de exhibir las debilidades de un gobierno soberbio y hasta hace poco tiempo triunfalista, sino también de unir a un país y descubrir la enorme capacidad transformadora de su gente. 


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