Capitolio

Momentos críticos

No solo Guerrero, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Estado de México y Tamaulipas están en crisis. El país entero se convulsiona. No de ingratitud, como decía Rabindranath Tagore, según piensa el poder cuando en lugar de aplauso cosecha descontento, sino por la corrupción, la impunidad y el deterioro económico, político y social. La situación se agravó en las últimas semanas. Por una parte, la PGR admitió a regañadientes la participación de militares en la masacre de Tlatlaya del 30 de junio; por otra, las protestas por el asesinato y la desaparición de normalistas en Guerrero se concatenaron con el conflicto en el Instituto Politécnico Nacional. La violencia escaló de nuevo y acalló la euforia reformista.Los casos Tlatlaya y Ayotzinapa provocaron reacciones en cascada al derrumbarse la versión oficial del enfrentamiento entre el 102 batallón de infantería y veintidós presuntos delincuentes en el Estado de México, y descubrirse la complicidad de autoridades locales en el asesinato y secuestro de normalistas en Iguala, Guerrero. En respuesta a las investigaciones de la revista Esquire y de la agencia AP, la Secretaría de la Defensa informó sobre la detención de un oficial y siete soldados “por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos en contra de la disciplina militar. (…) al margen de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades civiles…”.Con rigor inédito, la prensa internacional, el gobierno de Estados Unidos y ONG condenaron la impunidad y la falta de respeto a los derechos humanos. En Washington, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, abordó el tema de los estudiantes de Ayotzinapa y le recordó al país su tradición autoritaria: “No conozco de un hecho similar al que estamos lamentando en Iguala. (…) tenemos que remontarnos lamentablemente a Tlatelolco a fines de los años 60, donde se dieron hechos tan macabros”. También descalificó la participación del Ejército Mexicano en misiones de paz de la ONU, sin haber iniciado todavía ninguna.El relator especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Hyns, piensa que en Tlatlaya pudo existir una ejecución sumaria. “El gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar todos los presuntos casos de ejecuciones extra legales, arbitrarias y sumarias”, apunta. Vivanco ya había advertido que si la versión de la testigo se confirma, sería una “de las masacres más grandes ocurridas en México”. El presidente Peña Nieto ofrece justicia, pero en un país donde pocas veces se procura, prevalecen las dudas.Es el peor momento del sexenio, y por desgracia existen más motivos para pensar que la situación empeorará en vez de mejorar, al menos en el corto plazo. Animada por las reformas, pero sin afrontar la realidad, la administración peñista quiso contagiar al país de un triunfalismo excesivo, construido sobre arena. Sin embargo, la sociedad —en especial los jóvenes— le abrió los ojos al gobierno, y el México que ve lo asusta. Pasó en 1968 (Tlatelolco), en 1985 (los terremotos en la capital), en 1988 (el fraude electoral), con la guerra de Calderón y ahora vuelve a sucederle en Tlatlaya y Ayotzinapa. El país pierde la paciencia y el gabinete no está a la altura de las circunstancias. Es hora de cambiar lo que no funciona; si no lo hace el presidente Peña, lo harán otros. 


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