Capitolio

Y en México, ¿cuándo?

El talón de Aquiles de la reforma fiscal del presidente Peña Nieto es que el gobierno no se compromete a nada, excepto a recaudar más y a elevar el gasto. Para reducir su impacto, la propuesta de aumentar impuestos y gravar actividades que merecen incentivos en lugar de trabas, como la enseñanza, la vivienda y la generación de empleos, debió acompañarse de un plan de austeridad, combate a la corrupción y adelgazamiento del aparato burocrático.

En 2014, la nómina federal absorberá alrededor de una cuarta parte de los 4.4 billones de pesos presupuestados para ese ejercicio. Significa que una porción considerable de los doscientos cuarenta mil millones de pesos que se esperan captar a través del paquetazo fiscal, serviría para pagar más a quienes más ganan. La reforma equivale a un tratamiento de choque sin que el país se encuentre en las circunstancias del sexenio de Miguel de la Madrid, quien pagó las borracheras populistas de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.

Una de las maneras de decirle a la población que el gobierno era solidario con un país en crisis económica y de confianza, consistió, justamente, en reducir burocracia y desaparecer dependencias inútiles o redundantes. Un ejemplo: la subsecretaría de Planeación de la SPP, donde Rogelio Montemayor inició el sexenio de De la Madrid, fue suprimida. El amigo de Salinas no quedó en el desamparo, pues pasó a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El problema de un país sin la cultura del ahorro y la racionalidad, es que tan pronto pasa la emergencia, e incluso antes, la nómina del gobierno federal vuelve a expandirse y la burocracia a recuperar privilegios. Lo mismo sucede en las administraciones estatales y municipales donde el gasto corriente crece a ritmo vertiginoso a costa de la inversión en infraestructura y servicios públicos. ¿Por qué, para mitigar un poco la carga fiscal, no se congelan los sueldos de la alta burocracia? Vistas someramente sus declaraciones patrimoniales, ningún secretario, subsecretario o director general pasaría penurias —como millones de mexicanos en condiciones de pobreza— si en los próximos años perciben los mismos ingresos.

México es de los países que menos recauda en relación al tamaño de su economía. En cambio, destaca entre los que derrochan más en burocracia; y para colmo, debe soportar un lastre adicional: la corrupción, que al año representa varios puntos del PIB. Además de no ser equitativa ni de ofrecer sacrificio alguno de parte del gobierno, la reforma fiscal adolece de una propuesta puntual para atacar la hidra de la corrupción. El brazo de la justicia debe alcanzar no solo a figuras que incomoden al gobierno, como Elba Esther Gordillo, sino a todos aquellos que desvíen recursos públicos en beneficio propio y de sus secuaces.

En Brasil, el presidente Fernando Collor de Mello cayó en 1992 por corrupto. En el Perú, Alberto Fujimori fue condenado a treinta y siete años de prisión por asesinato, secuestro, lesiones graves, peculado doloso y apropiación de fondos públicos. Y en México, ¿cuándo? La resistencia a pagar más impuestos, por nobles que sean los propósitos del gobierno para cobrarlos, responde a un profundo malestar social y a una arraigada desconfianza en las instituciones. Pensar que una parte del presupuesto irá a los bolsillos de funcionarios y líderes sindicales impunes, es motivo suficiente para repudiar el paquetazo fiscal.

gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx