Capitolio

Limpiar la casa

México no ha erradicado la endemia de la corrupción, que lo hunde y desprestigia en el mundo, porque no se lo ha propuesto. Proclamas inflamadas y leyes contra esta hidra van y vienen y sin embargo el monstruo multiplica sus cabezas cobijado por la impunidad. Para recuperar la confianza ciudadana es requisito aplicar la ley. Quienes la infringen corren riesgos, pero los funcionarios públicos rara vez son procesados, pues se protegen entre sí.
Es una afrenta que las distintas formas de robar —al municipio, al estado, al país— sean tipificadas por los códigos penales como delitos “no graves”. Y más aún, que prescriban incluso antes de que terminen de auditarse las cuentas públicas. “El problema es gravísimo. En algunas entidades el margen es de menos de dos años. En los mejores casos cinco. Nosotros pedimos que los delitos asociados a la corrupción tengan una vigencia cuando menos de diez años”, declara Eduardo Bohórquez, presidente de Transparencia Mexicana.
Ejemplos de cómo proceder contra funcionarios que abusan de la autoridad —“discrecionalidad es poder”, advierte Alan Greenspan—, para enriquecerse y beneficiar a sus secuaces con recursos del erario y contratos de gobierno, proceden no solo de países formados en la cultura de la legalidad, sino de otros que hasta hace poco estaban en las antípodas. Brasil defenestró en 1992 al presidente Collor de Mello por corrupción política y tráfico de influencias.
En el Perú, Alberto Fujimori —inmensamente rico— purga desde 2007 más de treinta años de prisión por su responsabilidad como presidente en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidos con su consentimiento por el escuadrón militar Grupo Colina, y los delitos de secuestro —contra un empresario y un periodista—, peculado doloso, apropiación de fondos públicos y “falsedad ideológica en agravio del estado”. En 2010, el ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, fue detenido por corrupción y lavado de dinero. Era reclamado por la justicia de Estados Unidos.
En México, además de no enjuiciarse a los corruptos se les premia e inmuniza contra el periodismo de investigación. La ley reglamentaria del artículo 6 constitucional —sobre el derecho de réplica—, aprobada a principios de mes por el Congreso, busca inhibir la crítica. Los políticos no quieren ser exhibidos por lo que son, como algunos ex gobernadores del PRI, líderes sindicales y ex funcionarios del PAN acaban de serlo por la revista Forbes.
Sería aberrante que el Senado aprobara una ley derogada en Estados Unidos hace cuatro décadas por atentar contra la libertad de expresión. Sin embargo, como la política en México está plagada de absurdos, es probable que la Cámara alta culmine el trabajo de los diputados. Hacerlo contribuirá a solapar aún más a los corruptos, cuando lo que el país necesita es acotarlos y limitar las vastas zonas de impunidad que reproducen el delito en todos los ámbitos.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2013, México figura en el lugar ciento seis de una lista de ciento setenta y siete países. Los treinta y cuatro puntos que se le asignan, de un máximo de cien, lo ubica como el peor calificado de la OCDE y uno de los más venales de América Latina. Es una vergüenza. Si el gobierno del presidente Peña está comprometido realmente con la transformación de México, debe limpiar la casa. Para empezar, Forbes le proporciona diez nombres.


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