Capitolio

Ley de Transparencia

Barack Obama ha insistido en diferentes foros que no es rey para decidirlo todo, “sinocabeza del brazo ejecutivo del gobierno”, y que como tal se le exige acatar la ley. Richard Nixon faltó a ese principiopor obstruir la justicia en elcaso Watergate,de espionaje contra el Partido Demócrata. Su renuncia, el 8 de agosto de 1974, anuló el “impeachment” iniciado por el Congreso, cuyo final hubiera sido el mismo: su separación del cargo. El presidente estaba acusado de abuso de poder y desacato.
Las referencias de Obama a sus limitaciones constitucionales como jefe de estado y de gobierno, remiten por contraste a la “presidencia imperial” mexicana y al libro homónimo de Enrique Krauze. En nuestro país, el presidente era todopoderoso y supeditaba a los poderes Legislativo y Judicial, a los gobernadores e incluso a los poderes fácticos. El escenario empezó a cambiar con Ernesto Zedillo y a partir de Vicente Fox el Congreso logró autonomía, pero el modelo unipersonal aún conserva sus rasgos históricos. “Discrecionalidad es poder”, advierte Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos hasta 2006. En México, la ausencia de contrapesos reales y de un auténtico estado de derecho ha permitido a sus líderes cometer abusos sin recibir castigo. El informe de Competitividad Mundial 2014 del Instituto Internacional para el Desarrollo Administrativo (IMD, por sus siglas en inglés) ubica a nuestro país en el lugar 41 (de una lista de 60). El año pasado ocupaba el 32, lo que significa una caída de nueve puestos.La corrupción y la impunidad cobran altos costos. El IMD, con sede en Suiza, califica cuatro sectores: Desempeño Económico, Eficiencia Gubernamental, Eficiencia de Negocios e Infraestructura. México retrocedió en todos, pero donde más sitios perdió fue en el segundo (bajó del 41 al 29). La mejoría de Europa y el escaso crecimiento económico de nuestro país, aunados a las estrategias fallidas del gobierno, explican la pérdida de competitividad.
En este contexto global adquiere relevancia la iniciativa de nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que el gobernador Rubén Moreira entregó anteayer en el Congreso local. Es las más trascendente de los últimos sexenios, incluso a escala nacional, pues una vez promulgada someterá a los poderes públicos, fideicomisos, asociaciones civiles, sindicatos y notarios a una estricta y escrupulosa rendición de cuentas.
Todas las dependencias y organismos descentralizados deberán publicar y transparentar la información sobre gasto (incluido el de medios de comunicación), nómina, plantillas de personal, inversión y deuda, y no desaparecerla al final de su ejercicio. Los funcionarios estatales y municipales ya no podrán promover su imagen con cargo al erario; en cambio, deberán publicar su situación patrimonial y sus ingresos. La iniciativa recoge demandas de una sociedad agraviada.La falta absoluta de esos controles en el gobierno anterior generó vacíos que se llenaron con corrupción y una deuda (solo bancaria) por más de treinta y seis mil millones de pesos.
Coahuila necesita dar pasosfirmes y vigorosos para distinguirse del resto del país y ser competitivo. Sujetar a los gobiernos a la ley y eliminar la discrecionalidad de los funcionarios no merma el poder, al contrario, lo legitima. La nueva Ley de Acceso a la Información Pública aspira a construir instituciones fuertes, creíbles, y una ciudadanía responsable.Por ese motivo, la iniciativa del gobernadores plausible.



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