Capitolio

Hoguera de vanidades

En el cenit de su sexenio y de su megalomanía, Carlos Salinas se jactaba: ya quisiera el presidente de Estados Unidos tener un Congreso como el mexicano —que aprobaba sin chistar todas sus iniciativas, ya fuera para sepultar la reforma agraria, avivar el capitalismo de compadres, abrir la economía y otorgar reconocimiento a las iglesias. Exultante, Salinas ponderaba su liderazgo ante diputados, senadores y gobernadores del PRI, reunidos en el salón López Mateos de Los Pinos.

Por esos días de 1993, Bill Clinton buscaba afanosamente votos para que el Capitolio aprobara el Tratado de Libre Comercio. Su predecesor, George H. W. Bush, había negociado las bases del acuerdo con Salinas y el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney. Bush era entonces ferviente admirador del presidente mexicano, en quien incluso se apoyó para conseguir sufragios entre la comunidad latina de Estados Unidos con vistas a su reelección, que al final perdió.

La presidencia imperial alcanzó su clímax con Salinas. En realidad, eran sus estertores. Los comicios de 1988 fueron impugnados por un supuesto fraude y Salinas estuvo a punto de gobernar la primera mitad de su mandato sin mayoría absoluta en el Congreso, donde su partido obtuvo doscientas sesenta y dos curules de un total de quinientas. En el Senado, el PRI era prácticamente la única fuerza, con sesenta escaños. La izquierda estaba representada por Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, del Distrito Federal; Roberto Robles Garnica y Cristóbal Arias Solís, de Michoacán. Para recuperar el control del Congreso, Salinas ideó el Programa Nacional de Solidaridad, de carácter clientelar. Los resultados se reflejaron en las elecciones intermedias: el PRI subió a trescientos veinte diputados. Para alcanzar la mayoría calificada, que todos sus predecesores habían tenido, Salinas necesitaba doce votos. No fue problema: el PAN, cuya bancada coordinaba entonces Diego Fernández de Cevallos, le aportó ciento uno.

Con esa ventaja en la LV legislatura, cuyo período comprendió del 1 de septiembre de 1991 al 30 de agosto de 1994, Salinas emprendió las reformas más ambiciosas. El último año de su mandato parecía la consolidación de un proyecto político cuyo propósito consistía en gobernar el país por lo menos un cuarto de siglo. Sin embargo, justo con la pirotecnia que celebraba el año nuevo (1994) y la inauguración del TLC, la fantasía primermundista impactó con la realidad. A la irrupción del EZLN en Chiapas siguió el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo; y el del secretario general de ese partido y virtual líder de la Cámara de Diputados, José Francisco Ruiz Massieu, el 28 de septiembre. Al primero lo sustituyó Ernesto Zedillo y al segundo, Humberto Roque Villanueva. Era apenas el principio del derrumbe de Salinas y su clan. En marzo de 1995, Zedillo encarceló a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, acusado del asesinato de Ruiz Massieu —su ex cuñado— y de enriquecimiento ilícito. En respuesta, Carlos Salinas simuló una huelga de hambre en un barrio de Monterrey, para luego iniciar un exilio que alternó entre Irlanda y La Habana. Su nombre se asocia a la corrupción, el autoritarismo y la antidemocracia. Fue el último presidente que tuvo un Congreso a modo y el repudio ciudadano al mismo tiempo. Hoy ni su poder económico le salva de la hoguera en la que arden sus vanidades.

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