Capitolio

Golpe de efecto

La denuncia de que “En Saltillo se violan permanentemente los derechos humanos, mediante el espionaje sistemático de conversaciones telefónicas, atropellando la privacidad y la intimidad”, hecha por el alcalde Isidro López al presidente Enrique Peña, ocurrió en momentos de tensión para el gobierno federal por el atorón de las leyes secundarias en materia político-electoral, energética y de telecomunicaciones, la nueva escalada de violencia en Tamaulipas, el desgobierno en Michoacán y el malestar de la iniciativa privada y otros sectores por la inseguridad y la falta de crecimiento económico. El desplegado “Basta de espionaje en Saltillo”, publicado el 12 de mayo en diarios de la capital del país y del estado, coincidió también con una carta del secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, donde demanda al presidente Peña“Poner fin al ciclo constante de impunidad que fomenta abusos” (desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias y agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, migrantes y mujeres). Además de su contenido político (“las grabaciones son utilizadas en una campaña difamatoria a base de medias verdades y mentiras completas, en vísperas del proceso electoral local”), el aviso del alcalde de Saltillo cuestiona implícitamente uno de los temas prioritarios del gobierno de Coahuila: el respeto de los derechos humanos. Con ese propósito, la administración de Rubén Moreira ha promovido reformas, leyes y convenios con organismos nacionales y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. López pidió al presidente “acciones inmediatas” por el posible desvío de “recursos públicos, destinados a combatir el crimen organizado, para espiar a los ciudadanos y funcionarios con fines políticos”, situación que “compromete la gobernabilidad y genera un clima de intranquilidad social”. Además, le recuerda que Coahuila es un estado “lastimado por problemas como la corrupción, la inseguridad y la deuda pública” —herencia de uno de sus aliados, el ex gobernador Humberto Moreira, cuyo nombre no cita en el aviso. Rubén Moreira reprobó “cualquier tipo de espionaje” y reconvino al alcalde por no haber discutido el problema con él, antes de publicarlo. “¿Por qué me tengo que enterar por desplegados?”, replicó en rueda de prensa. En su carta a Peña, López asegura que el caso ya se lo había expuesto previamente al gobernador, “sin que hasta el día de hoy se haya hecho nada para detener el espionaje, no queremos pensar que se trata de solapar a quienes incurren en estas prácticas”.Según parece, el gobernador y el alcalde trataron el asunto el 11 de abril, durante la firma de un convenio de colaboración con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). López declaró a la prensa: “Platicamos de un tema que concierne a un servidor, a mi familia, a algunos funcionarios (…) Es un tema muy fuerte, pues hablamos de espionaje”. El líder del PRI, David Aguillón, dijo que era “fuego amigo” del PAN contra el alcalde.Medios de comunicación y redes sociales publicaron en los últimos meses fotografías, vídeos y conversaciones del alcalde y de funcionarios sobre la presunta participación del municipio en negocios de un yerno de López, la contratación de su cuñada Astrid Naranjo en el Instituto de Cultura —donde ya no colabora— y la asignación de obras a un hermano del tesorero, Adrián Ortiz, por medio de prestanombres. El 22 de abril, el alcalde y el tesorero presentaron denuncias penales por espionaje telefónico. 



gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx