Capitolio

Gobierno cómplice

La política brinda a sus oficiantes la posibilidad de reinventarse. Churchill afirmaba: “En la guerra podemos morir una vez; en política, muchas veces”. René Bejarano, líder de Izquierda Democrática Nacional (IDN), fracción minoritaria del PRD, tomó una bandera que dejará en tercer plano el escándalo por el dinero y las ligas que se embolsó en las oficinas del argentino Carlos Ahumada: la inacción de autoridades federales (PGR y Gobernación) como telón de foro en el caso de los tres normalistas de Ayotzinapa asesinados y el secuestro de cincuenta y ocho alumnos, de los cuales cuarenta y tres no han sido localizados. En audiencias separadas con el procurador Jesús Murillo (ahora encargado de la investigación) y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, Bejarano denunció el año pasado al alcalde perredista de Iguala, Guerrero, José Luis AbarcaVelázquez (prófugo), por su participación en el secuestro y asesinato de Arturo Hernández Cardona, líder de la Unión Popular Emiliano Zapata, y de sus compañeros Ángel Román y Rafael Bandera, el 30 de mayo de 2013, después de un mitin frente a la Presidencia Municipal (Reforma 6-10-14). Con base en testimonios de uno de los sobrevivientes, Bejarano reveló además que tres cuñados de Abarca, hermanos de su esposa, trabajaron para el cartel de los Beltrán Leyva. Uno de ellos, Alberto Pineda Villa, fue asesinado en Cuernavaca, Morelos. Ante la falta de respuesta de Murillo y Osorio por la muerte de los líderes agrarios, Red Solidaria y el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington.El gobierno federal atajó con concesiones al movimiento del Instituto Politécnico Nacional, iniciado el 26 de septiembre, pero no podrá hacer lo mismo con los normalistas de Ayotzinapa, atacados por la policía municipal un día después. No solo por los muertos y desaparecidos, los cuales habrían sido ejecutados y enterrados en una fosa clandestina descubierta en Iguala, sino por la extensión del conflicto a otras entidades y por la complicidad del gobernador Ángel Aguirre Rivero (antes militante del PRI y ahora del PRD), quien consintió al alcalde José Luis Abarca y abandonó sus responsabilidades.Guerrero exhibe la influencia del crimen organizado en los cuerpos de seguridad y en la política, como sucede en otros estados. La presión nacional y extranjera forzó al presidente Peña Nieto a declarar ante los medios: “En el estado de derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”. Sin embargo, el caso Tlatlaya, donde veintidós presuntos delincuentes fueron asesinados por militares, según revelaciones de una testigo a la revista Esquire, pretendió cerrarse con una versión oficial inverosímil. La falta de castigo reproduce el delito y los abusos de poder.Es la segunda vez que Aguirre ocupa la gubernatura de Guerrero, donde se han gestado movimientos guerrilleros. En la primera, sustituyó a Rubén Figueroa Alcocer tras la masacre de diecisiete campesinos en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995. Su renuncia no resolverá el problema, acaso reducirá temporalmente la presión mediática y social. El principio de solución consiste en identificar y enjuiciar no solo a los responsables del asesinatode los estudiantes, sino también a las autoridades que lo propiciaron. El gobernador es uno de ellos. Mientras no se castigue a los políticos, siempre habrá impunidad.  


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