Capitolio

Gobernadores en fuga

El presidencialismo priista funciona bajo ciertas reglas. Una de ellas es la obediencia. Ninguno de los veinte gobernadores de turno debe el cargo al actual jefe de Los Pinos, pero algunos sí pueden perderlo, como ya le sucedió a Fausto Vallejo, de Michoacán. La declaración de Peña Nieto al diario español El País, de que “el presidente no tiene amigos”, pues su compromiso “es servir a México” (7.6.14) debe ser tomada en cuenta por aliados y correligionarios.Por ahora solo dos exgobernadores del PRI, Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Jorge Torres López, interino de Humberto Moreira, de Coahuila, son reclamados por la justicia de Estados Unidos. El primero, por sus presuntos vínculos a traficantes de drogas; y el segundo, por fraude bancario y lavado de dinero. Autoridades judiciales les han decomisado propiedades y fondos supuestamente ilícitos, como los 2.7 millones de dólares que Torres había depositados en el Banco Old Mutual de Bermudas. Otro exgobernador del PRI, Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo, se declaró culpable por lavado de dinero, producto del narcotráfico, ypurga una sentencia de once años en Nueva York. En México pasó doce años en varios reclusorios hasta su extradición a Estados Unidos, el 8 de mayo de 2010. Villanueva era uno de los favoritos del presidente Carlos Salinas y de su hermano Raúl.Rogelio Montemayor, exgobernador de Coahuila y exdirector de Pemex, fue la pieza más valiosa en las redes anticorrupción del gobierno de Vicente Fox. La PGR lo acusó de desviar más de mil millones de pesos de la petrolera a la campaña presidencial de 2000. Montemayor se entregó en Houston, Texas, y una vez extraditado a México fue exonerado. Hoy dirige un cluster para la explotación de gas shale en Coahuila. Después de instalarlo en la presidencia,los gobernadores se convirtieron en un lastre para Peña. Endeudar a sus estados y permitir que la delincuencia dominara territorios e infiltrara a las policías y a funcionarios estatales y municipales, al final se revirtió. Hoy se le exigen resultados al gobierno federal contra ladelincuencia organizada y la común. La crisis se agravó con la imposición de candidatos a los gobiernos estatales sin experiencia política, en la mayoría de los casos para cuidarle las espaldas a sus predecesores y ocultar desvíos de recursos. De esa manera, los mandatarios locales que compartieron sexenio con Vicente Fox y Felipe Calderón pretendían extender su influencia más allá de sus períodos. No en todos los casos lo lograron, pero sí consiguieron impunidad.Para frenar tales excesos, reasumir el control político en los estados y mantener a raya a los gobernadores, la administración de Peña activó una serie de mecanismos a través de las secretarías de Gobernación y de Hacienda. Los mandatarios locales perdieron autonomía y libertad financiera. Ahora ya no pueden recorrer el país ni viajar al extranjero sin avisoprevio. La nómina magisterial, instrumento electoral, volvió a ser centralizada y ahora la Secretaría de Educación esla encargada de negociar con el SNTE. Las compras del sector Salud, donde también se descubrieron enormes fugas económicas, fueron consolidadas.Los gobernadores ya no pueden gestionar en el Congreso mayores presupuestos, partidas especiales o recursos adicionales para obras y servicios. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, concentró la recaudación y el gasto. Son sus puertas las que ahora deben tocar para recibir apoyo federal.


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