Capitolio

Escenarios inéditos

La posibilidad de convocar elecciones extraordinarias para gobernador abre escenarios inéditos. Si el Tribunal Electoral del Estado (TEE) confirma el triunfo de Miguel Riquelme, el PAN y las fuerzas agrupadas en el Frente por la Dignidad de Coahuila (FDC) recurrirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos tiempos no los marcan los partidos. En el año 2000, la Sala Superior anuló la constancia de mayoría de Manuel Andrade (PRI) dos días antes de su toma de posesión y ordenó celebrar nuevos comicios.

El Código Electoral de Coahuila establece:

“Artículo 21. Cuando se declare nula una elección (…) la convocatoria para la elección extraordinaria deberá emitirse dentro de los noventa días siguientes a la declaración de la misma” (inciso 1).

“En ningún caso podrá participar en elecciones ordinarias o extraordinarias, el partido político que hubiere perdido su registro con anterioridad a la fecha en que éstas deban realizarse.

No obstante, podrá participar en una elección extraordinaria, el partido político que hubiese perdido su registro, siempre y cuando hubiera participado con candidato en la elección ordinaria que fue anulada. En su caso si se anula una elección por causa imputable a un candidato independiente este no podrá participar en el proceso electoral extraordinario” (Artículo 22, inciso 3).

Si el TEPJF repone las elecciones del 4 de junio (como sucedió en Tabasco en 2000 y en Colima en 2003 y 2015) y se convoca a votaciones extraordinarias para después del 1 de diciembre, el Congreso deberá nombrar gobernador interino. El último que se designó bajo esa figura fue Francisco José Madero, por la renuncia de Óscar Flores Tapia, pero entonces ya habían pasado las elecciones en las cuales resultó electo José de las Fuentes.

Si el (TEE) ratifica el triunfo de Riquelme, el FDC llevará hasta la última instancia su demanda de invalidarlo. El TEPJF resolverá si da luz verde al priista para asumir el cargo el 1 de diciembre próximo o anula la elección y ordena al Congreso local —de mayoría priista— llamar a nuevas elecciones en los siguientes 90 días. El FDC pide desde ahora que las votaciones las organice el Instituto Nacional Electoral (INE). 


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