Capitolio

Desapariciones forzadas

Los gobernadores vivieron sus mejores tiempos en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón después de setenta años de sumisión a la presidencia imperial. La ausencia de un árbitro para sancionar sus excesos y conductas viciadas les permitió ejercer el poder según su arbitrio. Ellos, como el PRI, que no supo renovarse desde la oposición, y como el PAN, que no aprendió a ser gobierno, desaprovecharon la oportunidad de la alternancia para fortalecer y dignificar la soberanía de los estados. En lugar de eso, devinieron en presidentes a escala o en pequeños dictadores.


El resultado de abandonar por tanto tiempo las responsabilidades es palmario: acumulación de problemas —algunos fuera de control— y presiones políticas, sociales y económicas extraordinarias sobre los gobiernos de turno. En el sexenio de Calderón, los mandatarios locales utilizaron cantidades ingentes de dinero de los contribuyentes para rendirse culto y volverse millonarios. Mas como los presupuestos son finitos, hipotecaron a sus estados; en otros casos, también negociaron con la delincuencia organizada y le cedieron poder además de territorios. Hoy todo es llanto y rechinar de dientes.


Los proyectiles contra Calderón tuvieron el efecto bumerán. No es que los gobernadores no debieran discrepar del presidente ni enmendarle la plana, al contrario, es una forma de fortalecer el federalismo democrático. Es que lo hicieron por simple cálculo político: para evadir sus obligaciones y culpar al gobierno federal de todo lo malo que sucedía en los estados, mientras ellos aseguraban su futuro político y económico. En el trayecto, miles de personas desaparecieron y las demandas de sus familias eran olímpicamente ignoradas.


Las autodefensas no son las únicas que ganaron influencia hasta ocupar más de cinco por ciento del territorio nacional. También lo hicieron organizaciones como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec). El fenómeno, propio de estados donde la fragilidad institucional favorece el surgimiento de grupos paramilitares, es relativamente nuevo en nuestro país. Resulta de la expansión de la delincuencia organizada y de autoridades que lo permiten.


Las limitaciones técnicas, la falta de protocolos y las dificultades financieras para localizar a las personas desaparecidas reflejan que el estado mexicano no estaba organizado para asumir una tarea de tal envergadura. Emprenderla con éxito requiere, además de voluntad, que la colaboración entre familiares de las víctimas, organizaciones creadas ex profeso y autoridades se funde en la confianza mutua, no en la confrontación ni la suspicacia. Para evitar situaciones análogas en el futuro es preciso exigir cuentas a los gobernantes —federal, estatales y municipales— antes de que dejen de serlo.


Rubén Moreira ha dado muestras del interés de su gobierno por el tema de las desapariciones forzadas y otros asuntos que ni por asomo figuraron en la agenda de su predecesor (derechos humanos y transparencia). De la cerrazón y el desdén se pasó al diálogo y el compromiso, lo cual es plausible. El problema vuelve a ser la desconfianza ciudadana, reforzada por la falta de compromiso de funcionarios que, para salvar el momento, ponen en entredicho la voluntad y los esfuerzos de la administración. No solo para localizar a las personas cuyo paradero se ignora, sino para definir las causas reales de su desaparición, castigar a los responsables y hacer justicia.


gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx