Capitolio

Decreto 490, al TSJE

La demanda contra la Ley para la Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, interpuesta por los empresarios Juan Abusaid y Miguel Wheelock, formaliza un reclamo que los organismos patronales habían mantenido entre la retórica y el amago. La salida a la palestra de agentes distanciados de gobiernos, partidos y membretes del sector privado, anticipa la movilización de grupos civiles y confirma la falta de interlocutores confiables entre autoridades y ciudadanos.


El Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) recibió la demanda el 10 de septiembre, según copia en poder de Capitolio. Abusaid, hijo del ex alcalde de Torreón, del mismo nombre, y Wheelock, ex candidato del PAN a diputado local en las elecciones de julio pasado, exigen en nombre propio y de la Asociación Civil “Nosotros el Pueblo de México”, derogar el decreto 490 de la ley promulgadael 20 de mayo de este año, y la iniciativa correspondiente del gobernador Rubén Moreira.


Según el documento, el ejecutivo suprimió de su propuesta original el concepto de “Desaparición Forzada”. La ley finalmente aprobada “despoja de la cúspide jurídica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, estado de derecho”, advierten los actores, pues dogmáticamentela agravia en materia de garantías individuales; y orgánicamente, en términosde la Ley Federal del Trabajo.


Sostienen que “La violación de la ley (…) afecta el dogma constitucional federal de los artículos 14 y 16; porque en su artículo 14 (…) la Ley de Declaración de Ausencia (…) ordena que a los trabajadores desaparecidos se sitúen con licencia y goce de sueldo hasta que sean localizados y si el trabajador es localizado con vida recuperará su posición, escalafón y derecho de antigüedad (…) con cargo a los patrones…”. Tal situación, resuelta en forma de sentencia, dicen los demandantes, “agravia a los derechos de los patrones, porque el artículo 14 de la Constitución federal imperativamente exige el derecho de defenderse de cualquier acto de autoridad”. La ley impugnada—sostienen— crea “un estado de indefensión” y viola el derecho de audiencia que brinda al afectado “la posibilidad de defensa” y “conocimiento de la iniciación de una instancia”. Pues “la garantía de seguridad jurídica configurada por la audiencia debe de llevarse a cabo conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”.


En su invocación al artículo 16 de la Constitución, precisan que las autoridades están impedidas para “desplegar conductas no prescritas en la ley, aunque aduzcan la búsqueda de la justicia, el bien común o fines éticamente válidos”. La facultad para legislar en materia laboral es del Congreso de la Unión y no de los estados, argumentan;por lo tanto, la norma local “viola el artículo 123” y la Ley Federal del Trabajo.


Los actores señalan ademásun error estructural del decreto de ley 490: “en su artículo 4, manifiesta que concluido el plazo señalado en el artículo anterior, si el Ministerio Público no hubiere presentado dicha solicitud, cualquiera de las partes e instituciones señaladas en el artículo 3 de esta ley, podrá hacerlo. La equivocación de los legisladores es que las personas e instituciones están contenidas en el artículo 2 (…) lo cual demuestra la indolencia al legislar la Ley de Declaración de Ausencia de Personas”.


No es el espíritu de la ley lo que se discute, sino su constitucionalidad. El Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene ahora la palabra.


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