Capitolio

Daños colaterales

La acusación del gobierno de Estados Unidos contra el ex gobernador interino Jorge Torres López, por la presunta malversación de recursos públicos, toca no solo a una figura política relevante que se había librado del escándalo y la condena pública, sino también a una familia que ha cuidado celosamente su prestigio social y empresarial. Torres es primo hermano del alcalde electo de Saltillo, Isidro López Villarreal, postulado por el PAN.

A mediados de los ochenta, el gobernador José de las Fuentes realizó consultas para imponer el nombre de don Isidro López Zertuche al parque industrial de Ramos Arizpe. Javier López del Bosque, uno de los hijos del fundador del Grupo Industrial Saltillo, declinó la oferta en nombre de la familia, recuerda Rodrigo Sarmiento, a la sazón subsecretario de Gobierno. La posibilidad de problemas en el manejo de las instalaciones —que los hubo— indujo a esa decisión, dice el ahora comentarista de televisión.

Sobre los cargos contra su primo, en Estados Unidos, el alcalde electo invoca el principio de la presunción de inocencia. López Villarreal, quien asumirá el poder el 1 de enero próximo, ofrece un gobierno honesto y transparente e incluso cárcel para quienes incurran en delitos graves. En su campaña, criticó la deuda del estado—contraída en el sexenio de Humberto Moreira—y la forma como se adquirió.

En un debate organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, López Villarreal cuestionó el origen de la riqueza del candidato del PRI, Fernando de las Fuentes, que en 1981, último año del gobierno de su padre, José de las Fuentes, registró doce propiedades a su nombre sin haber trabajado previamente. Para remarcar la diferencia entre un candidato ciudadano (él) y un político convencional (De las Fuentes), el lema de la campaña de López Villarreal fue “En Isidro sí confío”.

En defensa de Torres López, el secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Jorge Verástegui Saucedo, dijo que el ex gobernador interino cumplió con las declaraciones patrimoniales, las cuales puso a disposición del gobierno de Estados Unidos. Antes de incorporarse al servicio público, en la presente administración, Verástegui se desempeñó como director de Relaciones Públicas del Grupo Industrial Saltillo.

De los cuatro últimos gobernadores de Coahuila, uno de ellos interino, tres han sido acusados judicial, política o mediáticamente por el desvío de recursos públicos. Rogelio Montemayor, por la presunta triangulación de fondos de Pemex a la campaña del candidato del PRI a la Presidencia, Francisco Labastida. Después de un largo proceso en una Corte de Houston, Texas, fue absuelto en México, pero inhabilitado del servicio público y multado con una sanción impagable por su monto: más de mil millones de pesos.

Aunque hasta hoy, oficialmente, no hay cargos en su contra, la responsabilidad de la deuda por más de treinta y seis mil millones de pesos recae en el ex gobernador Humberto Moreira. Su cerebro financiero, Javier Villarreal Hernández, realizó operaciones bancarias y adquirió propiedades en San Antonio, Brownsville y otras ciudades de Texas por decenas de millones de dólares. Estados Unidos los reclama por su origen presuntamente ilícito. Y el PAN, claro, no desaprovecha el escándalo para llevar agua a su molino y expedientes a la PGR.

gerardo.espacio4@gmail.com / @espacio4.mx