Capitolio

Crisis de confianza

En menos de dos años, el país pasó de la euforia reformista al desánimo social. La propaganda del gobierno federal presentaba a México como una versión moderna de El Dorado: habría buenos profesores en las aulas, educación de calidad, empleo bien remunerado, riqueza, crecimiento, infraestructura, precios y tarifas de productos y servicios públicos menos onerosos para la industria y los hogares. La ilusión desapareció cuando el voluntarismo y la realidad se afrontaron. México necesitaba —mejor dicho, necesita— reformarse. El presidente Enrique Peña entendió el momento, pero ni él, ni el Congreso ni los partidos, ahora lo vemos, estuvieron a la altura de la circunstancia para aprovecharlo. El país, para efectos prácticos, sigue donde lo dejaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón: estancado, con altos índices de inseguridad y de violencia, con una educación mediocre y sin futuro, con la mitad de la población en la pobreza y una clase media más castigada.


A cualquier administración debería preocuparle perder credibilidad sin haber cubierto siquiera la mitad de su periodo. El problema aumenta cuando en medio de la tormenta se niega su existencia o la realidad se maquilla para tranquilidad de los mandos técnicos y políticos, responsables de la nave y su destino. En el sexenio de Calderón el país tampoco creció lo suficiente, pero el debate era sobre la expansión de la delincuencia organizada y la eficacia del gobierno para reducirla. Hoy a ese conflicto se suma la debilidad económica.


Calderón atribuyó el estancamiento a la recesión mundial originada en Estados Unidos y a la falta de apoyo del Congreso para conseguir reformas de mayor calado. ¿Cuáles son los argumentos del presidente Peña —que en cuestiones de política económica depende del secretario de Hacienda, Luis Videgaray— para no crecer? Más ahora que el gobierno dispone de tres fuentes extras de financiamiento: mayores impuestos, deuda y déficit presupuestario. A diferencia del gobierno calderonista —quien tuvo como primer secretario de Hacienda a un experto: Agustín Carstens, actual gobernador del Banco de México— el atorón de la economía se debe ahora a factores internos y no ajenos al país. Jamás se reconocerá que una de las causas es la reforma fiscal. Empresarios con más de cuarenta años de experiencia en crisis catalogan a la actual como la peor. Admitirlo sería aceptar que el modelo fracasó y eso la tecnocracia no se lo puede permitir, pues cancelaría las aspiraciones presidenciales de su gurú. La reforma educativa ha resultado también un fiasco. Los hallazgos del Instituto Mexicano de Competitividad sobre la nómina magisterial, en base al censo del Inegi, exhiben la corrupción en el sector, el dispendio de recursos y la complicidad entre el SNTE y los gobiernos locales. La SEP, en lugar de aceptar la realidad y comprometerse a depurar el gasto y reorientarlo hacia actividades productivas, acude al recurso fácil de la descalificación.


A estas alturas, nadie cree que la apertura del sector energético beneficiará al país y a los mexicanos, sino a los mismos de siempre: a los poderosos del dinero y la política. La reforma electoral, igualmente insoslayable, supone que la mejor manera de curar algunos males de la democracia —la intromisión de los gobernadores en las elecciones— consiste en sepultar la soberanía de los estados. Y como corolario, la pensión vitalicia a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué manos estamos?


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