Capitolio

Entre Colosio y Peña

Cuando Luis Donaldo Colosio pronunció su discurso de ruptura con el salinismo, el 6 de marzo de 1994, en el monumento a la Revolución, con motivo del 65 aniversario del PRI, Enrique Peña Nieto fungía como secretario particular del secretario de Desarrollo Económico del Estado de México, Juan José Guerra Abud, ahora titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El gobernador y jefe de ambos era Emilio Chuayffet, actual secretario de Educación.Colosio fue asesinado diecisiete días después, en Tijuana.

Jamás se determinó la culpabilidad del presidente Carlos Salinas, de su hermano Raúl, del jefe de la oficina de la presidencia, José Córdova, del secretario de Comunicaciones, Emilio Gamboa (líder del PRI en el Senado desde 2012), y del gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones (hoy coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados). Sin embargo, la sospecha de su participación, en lo que todavía se califica como un crimen de Estado, sigue viva veintiún años después.

Tras varias hipótesis sobre una conjura para eliminar al candidato, manejadas desde el poder (el primer fiscal especial, Miguel Montes, denunció “una acción concertada”), el caso lo cerró el cuarto fiscal, Luis Raúl González, actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La justicia declaró a Mario Aburto “asesino solitario”, pero nadie cree esa versión. Incluso persisten las dudas de si el Aburto condenado a cuarenta y dos años de prisión, es el mismo que disparó al ex líder priista.

Entre el asesinato de Colosio y el momento actual, el PRI perdió y recuperó la presidencia; el narcotráfico patrocinó candidatos a cargos de elección popular y a puestos públicos, infiltró gobiernos y se apoderó de vastas zonas del país; la corrupción y la impunidad se enseñorearon; el ex presidente de Uruguay, José Mujica, declaró a México “estado fallido”; Peña Nieto, cuyo ascenso a la presidencia se atribuye a un pacto entre gobernadores y poderes fácticos, en especial la televisión, su esposa y su secretario de Hacienda, fueron acusados de conflicto de interés por adquirir residencias millonarias a contratistas del gobierno federal y del Estado de México; y las instituciones nacionales entraron en la crisis de confianza y credibilidad más profunda. 


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