Capitolio

Cartas bajo la manga

Si los gobernadores fueron los principales beneficiarios de la alternancia en Los Pinos, también pueden ser los más perjudicados por el retorno del PRI a la residencia oficial. Para legitimarse después de elecciones cuestionadas, los presidentes emanados del PRI ceden poder, aceleran reformas constitucionales e incluso defenestran a figuras no gratas para las oposiciones. Carlos Salinas lo hizo en su sexenio y lo mismo sucede en el incipiente gobierno de Peña Nieto.

Salinas cogobernó de facto con el Partido Acción Nacional, retiró a varios gobernadores y perdió el primer estado (Baja California) con el empresario panista Ernesto Ruffo. En Guanajuato, le abrió las puertas del poder al PAN cuando impidió que Ramón Aguirre asumiera el gobierno después de unos comicios impugnados por Vicente Fox y Porfirio Muñoz Ledo. En lugar de Aguirre, el Congreso nombró como interino a Carlos Medina Plascencia, de Acción Nacional.

Como parte de las negociaciones con el PAN, Salinas reformó varios artículos tabú. Uno fue el 82 fracción I para permitir que la presidencia pudiera ocuparla un ciudadano mexicano de nacimiento “hijo de padre o madre mexicana”; ya no los dos como en el pasado. Esto le dio alas a Fox para proyectarse como candidato presidencial desde el gobierno de Guanajuato, después de ganar el cargo en 1995, en su segundo intento. Su madre, Mercedes Quezada Etxaide, nació en San Sebastián, Guipúzcoa, España.

Con la reforma al artículo 27 constitucional, Salinas puso fin al reparto agrario y franqueó el camino para la privatización del ejido. Grandes extensiones de tierra comunal pasaron a manos de acaparadores urbanos, confabulados con autoridades federales y locales. El impacto histórico de la medida puede equipararse a los cambios que Peña Nieto pretende ahora en materia energética, en medio de movilizaciones y reclamos de las izquierdas y otras fuerzas sociales. La tercera reforma de gran calado en el sexenio salinista fue al artículo 130, que otorgó personalidad jurídica a las iglesias y a las agrupaciones religiosas.

Pero a diferencia de Salinas, que pactó con el PAN para afianzarse en el poder, y de Felipe Calderón, cuya elección estuvo igualmente manchada por la sospecha de fraude, que negoció algunas reformas con el PRI, Peña debe hacerlo también con el PRD. Fue el segundo partido más votado —casi dieciséis millones contra diecinueve del PRI— en los comicios de 2012, aunque a su candidato Andrés Manuel López Obrador se le sumaron los sufragios del PT y del Movimiento Ciudadano.

Ello explica la aquiescencia de las izquierdas a la reforma fiscal del presidente, que pone el acento de la recaudación en las empresas y en la clase media, por ser las que “más ganan”. En la reforma petrolera es previsible un desacuerdo que eventualmente colocaría al PRD en dos escenarios: 1) su retiro del Pacto por México, y 2) una nueva crisis que provocaría la emigración de tribus al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esto convertiría a López Obrador de nuevo en una figura electoralmente atractiva.

La estrategia del presidente Peña para evitarlo consiste en fortalecer al PRD a través del Pacto y de reformas que toman banderas históricas de las izquierdas, sin descuidar su alianza con el PAN. Los partidos de Gustavo Madero y Jesús Zambrano tienen cartas bajo la manga para avanzar sus agendas y ganar terreno en los estados. Y lo más importante, un presidente dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para mantener la gobernabilidad del país, con Pacto o sin él.

gerardo.espacio4@gmail.com/@espacio4mx