Capitolio

Agentes de cambio

Una refrescante y esperanzadora oleada ciudadana recorre el país en todas direcciones. Quizá no se exprese en las capitales y pueblos donde hay marchas, movilizaciones y protestas, pero sí habita en la mente, el alma y el corazón de millones de mexicanos empeñados en lograr un cambio real y verdadero, basado en la legalidad, el respeto y la justicia.Los políticos intentarán de nuevo frustrar a toda costa esa aspiración genuina, pues atenta contra sus intereses, pero ¿con qué argumentos si la fuerza ya dejó de ser opción de sometimiento y control? México está bajo escrutinio internacional por los casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, donde la estrategia del ocultamiento y el engaño exhibió las limitaciones del Estado. La pacificación se alcanzará solo por medios legítimos, sin generar más violencia ni encono entre la sociedad. Peña Nieto se preparó para ganar y gobernar con fórmulas caducas, un gabinete sin luces y altas dosis de voluntarismo. Los resultados están a la vista: parálisis institucional, crisis de inseguridad, inestabilidad política, nulo crecimiento económico y gente en las calles. Las reformas, cuyos alcances todavía están por verse, ya no serán la divisa del sexenio. Rota la promesa gubernamental de convertir a México en una especie de El Dorado—a partir de recursos petroleros menguantes, los cuales pronto serán compartidos con transnacionales—y agobiada por la violencia, la corrupción, la impunidad y la incapacidad del Estado para cumplir sus obligaciones mínimas, la sociedad ha decidido actuar por cuenta propia. Los estudiantes, los empresarios, las ONG y otros sectores desarrollan su propia agenda, pero todas coinciden en la construcción de un país de leyes, menos desigual, donde las oportunidades sean para los mejores y las autoridades sean llamadas a cuentas. Grupos civiles se han movilizado para impedir la reelección de Raúl Plascencia como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no por su nueva residencia en una zona exclusiva de la Ciudad de México, sino por su desempeño como ombudsman. Imposible defender al pueblo de los abusos de poder cuando se sirve primero al príncipe y a sus ejércitos, como ocurrió en Tlatlaya. Si la misma actitud se sumiera frente a los diputados, senadores, alcaldes, gobernadores, jueces y magistrados, tendríamos mejores políticos y un sistema de justicia menos venal. La confiscación de autos irregularesen La Laguna, cuya circulación toleraron las autoridades locales y federales durante décadas, con fines electoreros o de negocio, provocó una reacción inesperada: ciudadanos protestaron frente a dependencias públicas por la deuda acumulada en el sexenio de Humberto Moreira. En una manta con la fotografía del exgobernador, los afectados por los decomisos piden juicio penal y castigo para los responsables. El mensaje es, en términos coloquiales: “O todos coludos o todos rabones”. En la misma Comarca Lagunera, hace tres años se constituyó el colectivo Participación Ciudadana 29, sin fines personalistas. Formado en su mayoría por mujeres, PC 29 se ha convertido en un catalizador de demandas sociales por gobiernos decentes, eficaces y transparentes, y ciudades ordenadas, limpias y seguras. El grupo lo encabezan Beatriz Villarreal y Patricia Vargas. Por su parte, Juan Antonio Abusaid, de Torreón, y Miguel Wheelock, de Saltillo, han puesto el ejemplo a los organismos empresariales de cómo actuar en defensa del sector.



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