La energía de Baker

Criterios impugnables

En las convocatorias realizadas por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) en la Ronda Uno, los criterios económicos confeccionados por Hacienda nos van a servir como deus ex machina para que la historia del embrollo petrolero del sexenio peñista tuviera un happy ending.

Así, hoy la CNH informará qué ofertas de las petroleras nacionales y extranjeras fueron las mejores en la convocatoria sobre aguas someras. En su momento va a otorgar unas aparentes concesiones para la explotación de petróleo y sustancias relacionadas con el mismo.

Todo bien. Solo que, con relación a las ofertas, la calidad de las mejores no se va a lograr aplicando los criterios de adjudicación apuntados en las bases de las licitaciones. Lo que sí se va a lograr es un proceso tan transparente con el efecto deseado de proteger al servidor público contra todo tipo de reclamo posterior de la naturaleza que fuera.

Ni el más mínimo olor de favoritismo gratuito como una contraprestación. Cada funcionario con manos limpias.

Todo bien. Solo que ese afán por la transparencia puede tener un costo de oportunidad alto. ¿Qué tal si una oferta rebasa por mucho las demás con relación a tecnología, programa de desempeño, experiencia y la previsible derrama económica? Todo, menos la calidad numérica que los rentistas de Hacienda habían definido en sus criterios de adjudicación.

Es de suponer que no les corresponderá a los comisionados el lujo de preguntarse: “¿Cuál oferta es la mejor para la nación?” El protocolo solo les exige anunciar el ganador, viendo los números en los sobres entregados por los licitantes. ¿Qué tal si en la mente de los comisionados de la CNH es evidente que otra propuesta ofrece un mejor valor total al país?

Se sabe de la historia triste del criterio de precio más bajo que comúnmente se aplica en la procuración de bienes y servicios en el sector público. Es triste por la escala de destrucción de valor. Así, el contrato para la modernización de la refinería de Pemex en Cadereyta fue otorgado en 1997 al consorcio que ofreció el precio más bajo. Resultó que hubo demoras de años y costos adicionales no programados por millones de dólares. Durante el prolongado periodo de modernización, la población de la región sufrió la contaminación del medio ambiente, por el uso en la generación de electricidad del combustóleo pesado, de unos 50 mil b/b, proveniente de una refinería no modernizada.

De lo expuesto hago tres observaciones. Primera: esos criterios de adjudicación son impugnables bajo el artículo 134 constitucional, que plantea el marco para la compra en la modalidad que sea de bienes y servicios del sector público. En inglés se llama Government Procurement Clause. Segunda: la justificación de tales criterios ad hoc que se acostumbra utilizar no se encuentra en la esfera económica, sino en la desconfianza en la administración pública en materia petrolera. Tercera: tenemos que aprender a confiar en los comisionados de la CNH para que tengan la libertad —además del mandato— de escoger la oferta que ofrezca el mejor valor total a la nación. Es decir, darles la discrecionalidad de ignorar, en su caso, criterios meramente rentistas. Por la cultura, va a ser un aprendizaje arduo.