Las villas, peccata minuta en el sexenio de la impunidad

Las Villas Panamericanas, un “elefante blanco” que se debate entre El Sexenio de la Corrupción y, lo que todo parece indicar, será “El Sexenio de la Impunidad”. Un digno monumento a la corrupción y testimonio irrefutable de la impunidad que carcome a las instituciones de gobierno del Estado de Jalisco, a pesar de la alternancia. Es, también, otro más de esos negocios “al Estilo Jalisco”: proyectos urbanos o de infraestructura financiados con dinero público, pero para usufructo de “empresarios” dispuestos al negocio al amparo del poder. Sendos “proyectos” donde pierde el erario, para que gane un vivales.

El caso de Villas Panamericanas acusa un rosario de flagrantes irregularidades desde su inicio, sin autoridad que sancione tanta fechoría. En un primer momento se planteó la edificación de las Villas en el Parque Morelos, en donde se compraron 2.1 hectáreas en las inmediaciones del Parque por 400 millones de pesos ¡cuando tenían un valor de 80 millones de pesos! No obstante, en medio de cuestionamientos y resistencias de vecinos, el proyecto se vino abajo. Después a Emilio González, fiel a su estilo, se le ocurrió construir las Villas Panamericanas en predio conocido como “El Disparate”, comprado al doble de su valor real. A final de cuentas, la “ingeniosa” idea hizo honor al nombre del lugar propuesto para su asentamiento: un “disparate”.

De ello pasó a construirse las Villas Panamericanas en un área de recarga para mantos freáticos, es decir, en un lugar estratégico para la captación de agua fluvial y abastecimiento en diversos pozos de la ZMG. Especialistas han señalado que el suelo donde se encuentran asentadas las Villas Panamericanas es poroso debido a la filtración del agua en la zona. Además, las Villas se construyeron en una zona con un uso de suelo para áreas verdes, huertos y granjas de baja densidad, con una habitabilidad proyectada para 75 habitantes por hectárea, mientras que con el “elefante blanco” panamericano se eleva la cifra a 426 habitantes por hectárea. De esta manera, la voluntad de construir las Villas Panamericanas en El Bajío se pasó por “el arco del triunfo” todas las normas ambientales, de construcción y de uso de suelo. Irónicamente, bajo todas estas condiciones, se levantó un complejo habitacional que sencillamente no podía habitarse.

Las Villas Panamericanas no cuentan con el permiso de habitabilidad y el estudio de impacto ambiental, y se encuentran enredadas en diversas suspensiones administrativas, promovidas por vecinos del fraccionamiento Rancho Contento y Conciencia Cívica, que prohíben la habitabilidad y comercialización de las Villas y la suspensión de los contratos firmados por el gobierno del Estado para la construcción de este complejo. Así que, antes de debatir qué fin se les dará a las Villas, tendría que atenderse este importantísimo detallito, olvidado por las autoridades.

Pero eso no es todo, para el levantamiento del “elefante blanco” se hizo necesario el clásico y distintivo desvío de recursos de la anterior Administración. Para su construcción fue dispuesto, del dinero que los trabajadores aportan para su pensión y jubilación, 690 millones de pesos por la “gallina de los huevos de oro”, el Iprovipe; y otros 340 mdp por el Ipejal, la “caja chica” en el Sexenio de la Corrupción. En Iprovipe como en Ipejal, se autorizó la ordeña de recursos aportados por los trabajadores para un proyecto sin viabilidad, razón misma por la que el desarrollador de las Villas Panamericanas, Corey Integra, no obtuvo créditos por los Bancos, debido a que se trataba de un proyecto de alto riesgo.

No obstante, lamentablemente la opinión pública debate una falsa disyuntiva: la demolición o no de las Villas. El centro del debate debería ser, derrumbadas o no, ¿quién va a pagar por toda la larga lista de irregularidades, violaciones y desvíos? ¿Quién va a responder y a restituir el enorme daño patrimonial y ambiental? Naturalmente, en el Sexenio de la Impunidad, éste es un falso debate. No pueden tirarse a la basura ni quedar impunes más de mil millones de pesos malversados y severos daños ambientales que hoy están en flagrancia. Pero para nuestras autoridades, esto siempre es peccata minuta…

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