Un transporte público que empobrece a Jalisco y su gobierno

Una vieja artimaña de los gobiernos es darle madruguete a los ciudadanos cuando están distraídos. Así, los aumentos a la gasolina, devaluaciones del peso frente al dólar e incrementos a la canasta básica ocurren durante los días de asueto, mientras la gente está invadida por el espíritu navideño. Por consecuencia, no habrá mayor protesta social y el costo mediático es menor en una época en que los noticieros de radio, televisión y la prensa escrita bajan sensiblemente en audiencia.

Lo mismo ocurrió con la tarifa del transporte público: aprovecharon las fiestas decembrinas para propinar el aumento en una comisión tarifaria que utilizó la aplanadora, sin revisar la calidad del transporte. En el debate sobre el incremento a la tarifa del transporte público los argumentos sobran para dejar evidencia que el aumento solicitado por los transportistas es menor al incremento en los insumos. Sólo obsérvese la paulatina alza en el incremento del precio al combustible. No obstante, un aumento de la tarifa, cuando constantemente empeora la calidad del servicio y la seguridad de los pasajeros no parece guardar justificación. El problema real es la calidad del servicio, la seguridad de pasajeros, peatones y el esquema de impunidad en que operan los concesionarios de un transporte eufemísticamente llamado “público”, pero que en los hechos funciona como un negocio privado avalado por el gobierno, donde la ganancia se obtiene a costa del creciente mal servicio al usuario.

El crecimiento exponencial del número de automóviles se debe, en buena medida, a las deficiencias de un sistema de transporte “público” que es sumamente riesgoso, terriblemente incómodo, ausente de higiene y peligrosamente impuntual. Ante esta realidad que el gobierno es incapaz de modificar, muchos ciudadanos hacen un esfuerzo por adquirir un automóvil, que será siempre más funcional que el terrible servicio de transporte mal llamado público. La espiral en el crecimiento de unidades vehiculares particulares es la prueba más fehaciente del fracaso de un transporte público en Jalisco.

El debate no debería ser sólo por la tarifa, sino por la complicidad con los concesionarios del transporte que mantienen sus ganancias a costa de un deficiente servicio. El daño lo ocasionan a toda la ciudad, no solo a los usuarios. Los costos de la negligencia de la autoridad los pagamos todos los días. Solapar, ciudadanos y gobierno, a un sistema corrupto y deficiente de concesionarios que ofrece un servicio cada vez de peor calidad, empobrece a la autoridad y Jalisco.

gabtorre@hotmail.com