Otra más para el “sexenio de la impunidad”

El contrato firmado con la Consultora López Castro se remonta a la 58 Legislatura del Congreso local. En 2009 se justificó un pago de 38 millones de pesos a la “Consultora”, que recuperaría 92 millones de pesos en devoluciones y compensaciones de impuestos (ISR/ISPT), a favor del Congreso del Estado. El 13 de noviembre, tras una demanda mercantil, un juzgado federal le dio al Congreso un plazo de 72 horas para liquidar 58 millones de pesos, por un servicio que no recibió… El gobernador de Jalisco calificó el caso como un “robo al pueblo” y prometió “ir al fondo del asunto” a fin de que quienes estuvieron involucrados “hacerlos responsables de este desfalco por omisión o por acción; tenemos que dar y hacer justicia –dijo– porque esto no se va quedar en el limbo”.

Este martes 11 de noviembre, el diputado Víctor Sánchez Orozco presentó documentación sobre la averiguación previa que se sigue después de una denuncia penal presentada en 2012. En ella se constatan un cúmulo de irregularidades en el contrato firmado con la Consultora López Castro: 1) El poder notarial es apócrifo, pues nombró apoderado a Sergio Juárez Rivera cuando él nunca estuvo ante el notario para aceptar el cargo y su firma está falsificada, según declaró el susodicho ante el ministerio público; 2) De igual forma, Patricia Retamoza, en su declaración ministerial, señaló que no es su firma la que aparece en el convenio realizado con el despacho López Castro, pues alegó que ella firma con su nombre y no con un garabato; 3) El  SAT niega haber hecho el reembolso de impuestos que supuestamente trabajó el despacho López Castro; y 4) La Auditoría Superior del Estado de Jalisco realizó observaciones en el sentido de que no hubo convocatoria, ni concurso de licitación para contratar los servicios de la Consultora, pues la cantidad que estaba en juego ascendía a 92 millones de pesos (El Informador; 11/Nov/2014).

La Comisión Especial Temporal para el Análisis, Revisión y Cotejo del Patrimonio del Congreso, apuntó que el contrato de marras establecía que al despacho se le pagarían honorarios por el 40 por ciento de las devoluciones que lograra recabar ante Hacienda, sin embargo, según la Secretaría de Hacienda nunca hubo devoluciones, ¿entonces, qué es lo que se le debe? No obstante, a la Fiscalía General este caso no le llamó la atención, aún cuando este problema se registraba desde 2010, había averiguación previa desde 2012 y apuntaba a un inminente -y todo parece indicar- ilegal pago para este despacho, que logró su cometido por el cúmulo de deliberadas omisiones. Una más para “el sexenio de la impunidad”...

 

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