De “robos al pueblo” y “robos del siglo”

Se trama un nuevo “robo al pueblo” en Jalisco, pero ahora a manos de los ex magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. En un primer momento, los cinco ex magistrados electorales José de Jesús Reynoso Loza, Rubén Vázquez, Luis Antonio Corona Nakamura y José Guillermo Meza García promovieron un amparo ante la justicia federal para exigir una indemnización “por despido injustificado”, debido a los efectos que tuvo sobre sus nombramientos la reforma electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014. Esta reforma creó un nuevo tribunal electoral que dejó a los otrora magistrados fuera del órgano ante su nueva constitución (ahora integrado por el Senado de la República), por lo que  ahora  exigen una indemnización argumentando que habían sido designados hasta mayo de 2016. La indemnización reclamada y anteriormente enviada a los poderes Ejecutivo y Legislativo locales era de 9.6 millones de pesos para el ex magistrado presidente, Reynoso Loza, y de 8.5 mdp para cada uno de los ex magistrados restantes, lo que daba un monto acumulado de poco más de 44 millones. Este caso viene a confirmar que los “robos al pueblo” están al orden del día en Jalisco. No salimos todavía de uno y nos llega otro, como para no perder la costumbre.

De acuerdo a información publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la desproporcionada y excesiva indemnización que exigían los ex magistrados electorales locales ya había sido desechada, según consta en una resolución emitida el 19 de noviembre de 2014. No obstante, los ex magistrados interpusieron una queja y, el 27 de ese mismo mes, el tribunal colegiado revocó la resolución anterior, determinando que el juicio de garantías resultaba procedente.

Al respecto es importante señalar que antes de dejar el cargo los cinco ex magistrados electorales se autorizaron en sesión plenaria (8/Sep/2014) el pago de sus prestaciones laborales al corte de su salida. Cada uno de los cinco magistrados se llevó 277 mil 79 pesos por concepto de pago de la prima vacacional y el aguinaldo que correspondía hasta septiembre de ese año.  Aún insatisfechos con el “autopago”, en esa misma sesión acordaron enviar la petición de ampliación presupuestal por 44 millones de pesos al Gobernador Aristóteles Sandoval, con el objeto de pagar sus indemnizaciones por dejar el cargo antes de finalizar su nombramiento con fecha del 28 de mayo de 2016. Si el pago de 58 millones a López Castro, por no hacer nada, valió el calificativo de “robo al pueblo” por parte del Gobernador de Jalisco; el eventual pago de 44 millones, de una reclamada indemnización (por no hacer nada) -además de haberse servido antes con la cuchara grande en el extinto tribunal- no es menos que otro descarado intento de robo al pueblo.

Los mismos ex magistrados electorales locales que nos recetaron diaria e incansablemente en la radio y televisión sus valores de “imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad”, son los que promueven ahora un amparo a todas luces ilegal. ¡Increíble! Resulta que la nueva Ley de Amparo, en su artículo 61 señala que “el juicio de amparo es improcedente: I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Al respecto, también se indignaron y pronunciaron expertos: “No es despido injustificado (que daría lugar a una indemnización). Los ex magistrados dejaron su cargo producto de una reforma constitucional”, apuntó el coordinador del Área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Astudillo Reyes. Por su parte, Leticia Bonifaz Alfonzo, directora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, coincidió y mencionó “no se puede argumentar contra una reforma constitucional”. Lo que pasa es que en Jalisco, tierra de obscena impunidad y corrupción, de meteóricos negocios “al Estilo Jalisco”, “robos al pueblo” y “robos del siglo”, sí se puede pedir lo que no corresponde y no pasa nada... Existe un buen antecedente con Luis Carlos Ugalde, que tras su salida del IFE en 2007, por las reformas constitucionales que renovaron el consejo del Instituto, sólo recibió 600 mil pesos de finiquito y no tuvo indemnización por los tres años que le restaban en el cargo… No obstante, aquí en Jalisco, no sólo el que la hace no la paga. Incluso los que hace unos meses eran encargados de garantizar “imparcialidad, legalidad, certeza y objetividad”, ahora reclaman lo que con tres dedos de frente se puede advertir que no les corresponde. Lo verdaderamente increíble sería que el gobierno de Jalisco terminara cediendo a tan vergonzoso reclamo. Bien haría la autoridad en investigar lo que antes se despacharon los que hoy se dicen víctimas y reclaman millonarias sumas. Sobre todo a la luz de la red de complicidades que logran que los intentos por combatir la corrupción, anunciados por el gobernador, terminen en amparos, liberaciones y todo tipo de privilegios para quienes han dañado escandalosamente el patrimonio de Jalisco.

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