Diez puntos sobre el caso López Castro

El caso es que las investigaciones en la Fiscalía General siguen sin avance y se desconocen los pormenores que registra la averiguación previa.

Pese a que el pasado 27 de noviembre el despacho López Castro se desistió del cobro de 58 millones de pesos por un servicio que nunca prestó al Congreso local, la historia no ha terminado. El caso es que las investigaciones en la Fiscalía General siguen sin avance y se desconocen los pormenores que registra la averiguación previa correspondiente y la posible configuración de delitos. Este 2 de diciembre, la Comisión Especial Temporal de Seguimiento a los Casos López Castro, Servicios Administrativos y Empresariales (SAE) y Ola Outsourcing acordó someter a consideración del Pleno del Poder Legislativo estatal enviar un exhorto al Fiscal General a fin de que les sea remitida información detallada del avance en las indagatorias sobre la Consultora López Castro, que a la fecha acusa graves inconsistencias, varias de ellas constitutivas de delitos que no deberían pasarse por alto, en ninguna circunstancia.

Antes del sorpresivo desestimiento de López Castro, el Congreso ya le había pagado 575 mil pesos por concepto de anticipo de servicios, cuando no existe documento en posesión del Congreso que compruebe el mínimo cumplimiento al contrato celebrado entre ambas partes. Así pues, aunque se desconozcan los pormenores de la averiguación previa en curso, alcanzan a advertirse todo un rosario plagado de ilegalidades a las que simplemente no puede darse carpetazo. Se trata de un tema en el que la Fiscalía tiene mucha “tela de dónde cortar”, si asume su responsabilidad de fincar responsabilidades. Entre las más importantes inconsistencias destacan las siguientes.

Primero. El 27 de marzo de 2009 se acordó un pago de 38 mdp al Despacho López Castro por la recuperación de 92 mdp de impuestos (ISR/ISPT) que el Legislativo pagó entre 2006 y 2009. Sin embargo, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), nunca hubo tal reembolso. Segundo. Como advirtió la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, nunca hubo convocatoria ni concurso de licitación para contratar los servicios de la Consultora, pues la cantidad que estaba en juego ascendía a 92 mdp. Tercero. Se exigió un pago de 58 mdp cuando el acuerdo establecía apenas un pago de 38 mdp; es decir, un 53% más de lo inicialmente acordado. Cuarto, el poder notarial es apócrifo, pues nombró como apoderado legal a Sergio Juárez Rivera (obrero de profesión), cuando él nunca estuvo ante el notario para aceptar el cargo y su firma está falsificada, según declaró el susodicho ante el ministerio público estatal. Quinto. Sergio Juárez declaró el 20 de noviembre al diario MURAL que el dueño del polémico despacho López Castro, Rafael López Martínez, le ofreció soborno para que aceptara y reconociera la firma que aparecía en el Acta Constitutiva de la empresa (con un millón de pesos). Sexto. De igual forma, Patricia Retamoza declaró ante el ministerio público del Estado de Jalisco que no es su firma la que aparece en el convenio realizado. Séptimo. Según reportó Mural, este 18 de noviembre, los dos domicilios que registró el despacho y uno del apoderado están vacíos o quienes los ocupan dicen no estar relacionados con éste. Octavo. La firma del Notario 99 de Guadalajara que certificó a López Castro, José Mora Luna, de 77 años, acusa severos problemas de salud y su firma aparenta cambios notables en el Contrato. Asimismo, el gremio de notarios cuestionan el hecho de que esta Notaría certifica unas 2 mil escrituras al año, cuando el promedio es de 700. Noveno. El abogado del Despacho consiguió un amparo que impide el acceso de la Fiscalía al contrato supuestamente firmado en marzo de 2009 por Sergio Juárez Rivera, quien ha sostenido que su firma es falsa. Tampoco puede disponer de copias certificadas del documento, como lo solicitó el Ministerio Público hace 10 meses. Décimo. En los presuntos fraudes millonarios cometidos contra el Congreso y para los que recientemente se creó una comisión especial, tienen un nombre en común: Orlando Rodríguez Reyes, quien funge como perito, representante y apoderado legal, de los tres casos respectivamente. Diez puntos que deben investigarse para aplicar las sanciones que el vergonzoso caso amerita. No obstante, en Jalisco, el que la hace, no la paga…

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