Por un pacto de “cero tolerancia”, con castigos ejemplares

De acuerdo a GEA-Isa  en su Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2016, para el 34 por ciento de los encuestados, el tema de la seguridad es el principal problema en el país, pero un 45 por ciento considera que es el principal problema de su colonia o localidad. Así que los magros resultados alcanzados en la seguridad, serán, junto con la corrupción, las dos demandas más sentidas. Según datos del INEGI, la cifra de asesinatos se mantuvo en 2 mil por año desde el 2012 al 2015. Para poner en relieve estas cifras, resulta oportuno señalar que en el sexenio de Felipe Calderón se registraron 25 mil 900 homicidios. Chihuahua fue el estado con la tasa más alta de  asesinatos, con 77 por cada 100 mil habitantes. Mientras que en el gobierno de Peña Nieto se registran, a la fecha, 21 mil 600 asesinatos. Son Guerrero, Chihuahua y Sinaloa las entidades que ocupan los primeros lugares en asesinatos. Cabe destacar que durante el primer semestre del 2016, los homicidios subieron en un 20 por ciento en comparación del mismo lapso del 2015.

Ahora bien, de acuerdo al Índice de Paz Global, el incremento de víctimas en México por la violencia supera al de Irak, Nigeria y Afganistán. El índice de violencia por conflictos internos en el país rebasó la barrera de los 33 mil muertos. Este estudio, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP), señala que únicamente el índice de Siria se encuentra por encima del clima que priva en México. El equipo de investigadores que realizó el  Índice de Paz Global, estima que el impacto económico que implicó contener y manejar las consecuencias de los niveles de violencia de México en 2015, le cuesta a la economía nacional 2.12 billones de pesos, es decir, 17 mil 525 pesos por persona. A pesar de este enorme gasto, por ejemplo, el robo de vehículos creció ocho por ciento y los casos de violencia  asociados con este delito aumentaron tres puntos porcentuales. De acuerdo con el reporte Robo y Recuperación de Automóviles Asegurados de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), en el periodo septiembre 2015- agosto 2016 fueron robados 66 mil 780 automóviles.

Entonces, ¿qué ocurre con esta escalada de violencia que parece no encontrar salida en México? Una de las respuestas tiene que ver con la ausencia de castigos, especialmente contra quienes son la “autoridad del Estado” –el gobierno- y forman parte de redes de delincuencia organizada. En México, más del 98 por ciento de los crímenes cometidos no son sancionados. Las instituciones responsables de la procuración y administración de la justicia no funcionan adecuadamente para identificar y procesar a los responsables (incluso, como en Jalisco, operan como oficiosos defensores de los presuntos delincuentes). Coincide el Instituto Mexicano para la Competitividad al señalar que –en todo el país– sólo el 2 por ciento de las averiguaciones previas, por delitos cometidos por servidores públicos, terminan en ingresos a la cárcel, siendo el delito con la menor efectividad en cuanto a procuración e impartición de justicia. Esto es, el menos castigado. De acuerdo al estudio “Proteger o castigar. Las reacciones de los partidos políticos ante un escándalo político”, publicado por CIDE en 2015, en México –dentro del mismo periodo– 41 gobernadores fueron acusados de corrupción, pero sólo 16 fueron investigados y de éstos únicamente cuatro fueron detenidos. En perspectiva comparada, los esfuerzos en combate a la corrupción e impunidad dejan a México muy mal parado pues, en 2013, de los 1,946 funcionarios investigados por corrupción en el País, sólo 48 fueron sancionados (2.5 por ciento). Ningún Estado puede evitar que se cometan delitos, pero lo que sí pueden –y están obligados a hacer– es que los delitos reciban un ejemplar castigo. Comencemos entonces por una política de “cero tolerancia”, que implique un compromiso de quienes procuran e imparten justicia. No más burocracia, simplemente, una política de “cero tolerancia”, que se traduzca en castigos ejemplares, para que se eleve el costo de delinquir. Un compromiso público para hacer valer todo el peso de la ley, entre la fiscalía y el poder judicial. Un pacto para romper las redes de complicidad que alientan el delito e incrementan la inseguridad…

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