La ley anticorrupción, en el espacio de los corruptos

Este 27 de abril, los diputados del Congreso del Estado aprobaron la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción. De esta forma, Jalisco es el cuarto en aprobarla. La reforma trae consigo nuevos mecanismos legales para abatir la corrupción. Pero el grave problema de corrupción en nuestro país no se origina por las malas leyes. Es decir, ni siquiera podemos señalar que se trata de reformar un marco legal deficiente para el combate a la corrupción, cuando éste ni siquiera se aplica por la falta de investigación y compromiso. Aún más, la manera más eficaz –y quizá única– para eliminar la corrupción (y cualquier delito) es combatir la impunidad. Como señala la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rose-Marie Belle Antoine, “prevenir la repetición de delitos [corrupción, por ejemplo] depende, en buena medida, de que se evite su impunidad”. Pero la impunidad no es una cuestión de técnica jurídica, sino fundamentalmente de voluntad política. Un verdadero Sistema Anticorrupción es el que tiene la voluntad y los pantalones para asegurar que el que la hace, la pague.

Pero, ¿por qué se vanaglorian los diputados jaliscienses de aprobar la Ley Anticorrupción, cuando son grandes alcahuetes y partícipes de ella? Hoy, por ejemplo, Álvaro García Chávez –ex secretario de la SEDER con Emilio–, señalado de numerosos y grotescos actos de corrupción, es candidato a alcalde de Tamazula por el PAN gracias a que los diputados nunca iniciaron un proceso de juicio político en su contra, y a que la Fiscalía se hace “ojo de hormiga” con toda la larga lista de corruptos del Sexenio de la Corrupción y con las más de 12 denuncias penales interpuestas por la Contraloría en contra del gobierno estatal más corrupto de los últimos años: el de Emilio. Lo mismo sucede con los diputados de la 58 y 59 Legislatura, y sus secretarios generales, que hicieron una lesiva y desmedida ordeña de recursos que asciende a poco más de 685 millones de pesos durante ambas Legislaturas: cientos de millones de pesos obtenidos con el embolso de los impuestos de los trabajadores (ISR), con el jineteo de las aportaciones que los trabajadores del Congreso creían iban a parar al Instituto de Pensiones, así como con el robo de sus cuotas del IMSS, sin contar los numerosos negociazos al “estilo Jalisco” que fraguaron como López Castro, SAE, Ola Outsourcing y la contratación de seguros megainflados en más de 50 veces su precio real. Hoy día, todos ellos andan de candidatos y “coleando” [preparados para robar], o detrás de las campañas de los autodenominados “ciudadanos libres”. Pero eso sí, ¡Viva la Ley Anticorrupción!

El nivel de impunidad es tal, que diario MURAL encontró el lugar donde reside José Luis Gómez Quiñones, ex director del Seguro Popular, y quien hasta hace poco se consideraba prófugo de la justicia para la Fiscalía, pues tenía una orden de aprehensión por los delitos de desvío de recursos y uso indebido de atribuciones y facultades. No obstante, como sucede con todos los rarísimos casos en los que decide actuar la Fiscalía general, su orden de aprehensión se encuentra suspendida desde febrero. Por cierto, Gómez Quiñones vive en casa de otro “ciudadano libre”, Carlos Lomelí, propietario de la empresa farmacéutica Lomedic, que obtuvo contratos con el Seguro Popular por más de dos mil millones de pesos, cuando Quiñones estuvo al frente de la Institución (Mural; 28/Abr/2015). Un sujeto que ahora defiende cínicamente Alfaro.

Mientras Héctor Pizano se vanagloria de aprobar la ley anticorrupción, en el Consejo de la Judicatura, su hermano Mario Pizano, orquesta simultáneamente el segundo robo del siglo. Una convocatoria amañada mediante bases del concurso “aprobadas” por una sesión Plenaria de la que no existe registro alguno, con una empresa favorecida que no acredita tener experiencia alguna en la administración de estacionamientos (es inmobiliaria), y una comisión de adquisiciones indebidamente ignorada durante todo el proceso de la Convocatoria. Además, las bases ofrecieron menos de 24 horas a las empresas interesadas en participar del “concurso”. La corrupción disparada tiene su origen en el nivel de impunidad que existe en Jalisco. Algo que no parece tener remedio en medio de tanto cinismo….

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