El juicio político, una solución para el TAE

En días pasados, el Tribunal de lo Administrativo del Poder Judicial del Estado de Jalisco (TAE), ordenó de nueva cuenta al gobierno municipal de Zapopan aceptar el pago de la licencia de construcción –y emitir el recibo correspondiente– para el proyecto Cima Park, situado en las inmediaciones de la avenida Paseo Valle Real. Se trata de un complejo habitacional plagado de irregularidades, de esos que tanto gusta autorizar al TAE, pues incumple con sustantivos documentos como licencia de urbanización, dictamen del Siapa, estudio de mecánica de suelos y estudio de impacto ambiental. Más aún, el terreno donde se encuentra asentado este complejo –además de Cima 200 y Cima 300– se encuentra en proceso de embargo por adeudos fiscales de más de 200 millones de pesos en Puerto Vallarta.

De acuerdo a la Fracción V, del 115 constitucional, el municipio tiene la facultad para “autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo (…) [y] otorgar licencias y permisos para construcciones”. En los hechos, por lo menos en la ZMG, esto no es así: el que tiene potestad soberana en la materia es el TAE. A cómo vamos, poco falta para que paguemos el predial en las oficinas de este Tribunal y las autoridades electas que contravengan las decisiones corruptas del TAE despachen en los separos municipales [al ex alcalde Héctor Robles, en numerosas ocasiones el TAE le emitió arrestos por no acatar sus cuestionables resoluciones, antípodas al interés público]. Una auténtica tiranía judicial, la peor de todas las tiranías, aquella de la que alertaba Ignacio Burgoa ante la falta de jueces y magistrados cultos y honrados.

Aunado a lo anterior, es importante señalar que el complejo Cima Park cayó en manos de Alberto Barba, uno de los dos “suertudos” magistrados del TAE –el otro es García Estrada– que acaparan el 84 por ciento de los casos relacionados con complejos inmobiliarios irregulares que violan todo lo habido y por haber, planes parciales de desarrollo, el Código Urbano, reglamentos municipales y un larguísimo etcétera. El “suertudote” magistrado del TAE –el que ordenó aceptar el pago de la licencia de construcción de Cima Park y arrestar a la autoridad en caso de desacato–, ha despachado el 53 por ciento de estos complejos inmobiliarios (Mural; “Magistrados ‘suertudos”; 15/Sep/2015).

Lamentablemente los diputados jaliscienses creen que su única función es legislar –o por lo menos así lo demuestran–, y se encuentran inmersos en proponer un sinfín de reformas. Pero si los problemas de la vida pública se resolvieran legislando, ¡qué fácil sería todo! No habría necesidad de gobiernos y autoridades, sólo de leyes. No obstante, el legislador tiene otras tres funciones igualmente sustantivas: ser contrapeso del Poder Ejecutivo [mediana y simuladamente ejercida]; fiscalizar los recursos que él mismo aprueba [a través del ente fiscalizador que forma parte del Poder Legislativo (ASEJ, ASF, etc.): casi nulamente ejercida]; y de control político del poder, mediante el juicio político [completamente en desuso].

Enrique Alfaro mencionó anunció una estrategia jurídica para parar el “abuso” y “cinismo” del desarrollador de Cima Park. ¿Acaso un litigio que rebase el periodo de la administración municipal actual y genere más derechos para los desarrolladores, que tienen todo el poder del mundo para comprar jueces y magistrados? “A grandes males, grandes remedios” –señaló Alfaro–. El juicio político previsto en la Constitución Política de Jalisco para destituir e inhabilitar a magistrados del TAE (Art. 97), sigue sin ser una opción para el partido mayoritario en el Congreso que ha mostrado oficio político para imponer perfiles sumamente cuestionables en éste, y gestionar importantes recursos para sus municipios acordados con el partido en el gobierno. Vale la pena preguntarse, ¿si MC propone juicio político para los suertudotes del TAE –una verdadera gran solución para un gran mal–, habrá partido político que públicamente se oponga a un castigo para tantos abusos?

 

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