En América Latina, el juicio político es un instrumento útil para hacer responder por sus actos a funcionarios públicos, incluso a altos mandatarios. El presidente paraguayo, Fernando Lugo, fue destituido por juicio político en 2012; y en 2015, el primer mandatario guatemalteco, Otto Pérez, fue desaforado por unanimidad en el Congreso para inhabilitarlo y fincarle responsabilidad penal. Actualmente, se discute iniciar un proceso de juicio político en contra de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por los sonadísimos casos que acreditan una corrupción desmedida en su gestión. El próximo mes de febrero se reiniciará el proceso de juicio político en contra de Dilma, pues la Corte Suprema así lo ordenó después de que el Congreso llevara a cabo un intento invalidado por la Corte Suprema, a finales del año pasado, debido a que no se atendieron diversas formalidades en el proceso.
Pero en Jalisco, el gobierno estatal asume un rol propio de una A.C. u ONG, y su respuesta a una constante de sentencias en contra del interés público de la ciudad, por al menos dos magistrados del TAE, es reunir firmas... Aristóteles y Alfaro anuncian un “frente común” en defensa del Bosque de Los Colomos. Pero ambos omiten hacer responsables políticamente a los magistrados por tan abiertos atropellos. Mientras tanto, brilla por su ausencia el uso del mecanismo de responsabilidad política, con el que sí podrían sancionar el abuso reiterado de algunos magistrados del TAE, que impunemente resuelven en contra del patrimonio de la ciudad y, con sentencias injustas, supuestamente apegadas a derecho, le otorgan la razón a particulares para realizar todo aquello que los ordenamientos municipales prohíben.
La falta de interés de municipios y gobierno estatal se explica, porque son ellos, los que permiten que los “suertudos” magistrados del TAE encuentren las condiciones ideales para resolver los juicios a favor de particulares, al no realizar deliberadamente la defensa de los intereses de la ciudad -desde sus cargos de gobierno-, mediante omisiones evidentes en el proceso jurídico, que terminan con sentencias en contra del interés público de la ciudad, como en Los Colomos. Aquí se acusa una discreta, sutil, pero efectiva complicidad reiterada, que es el escenario ideal para recibir sobornos y gratificaciones, a cambio de permitir que la ciudad pierda, para que ganen particulares. La parte visible hasta ahora, es que algunos magistrados del TAE hacen el trabajo sucio, pero detrás de ellos están los intereses económicos de constructores dispuestos a sacar adelante sus negocios, con la complicidad interesada de autoridades de gobiernos municipales de todos los partidos. Justo, por ello, ningún diputado quiere llevar a juicio político a quienes realizan el trabajo sucio para todos, precisamente desde el TAE...
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