Las intenciones detrás de la “Operación Jalisco”

Resulta un despropósito negar el clima de inseguridad y la legítima preocupación que los jaliscienses y los mexicanos tenemos por la seguridad. No obstante, no hay que confundir obscuridad con profundidad. Lo que ocurrió en Jalisco da pie para preguntarse y contrastar respecto al discurso del gobierno federal sobre lo que ellos han calificado como “crisis de seguridad en Jalisco”. Veamos.

El 27 de noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, en la presentación de sus 10 acciones para “mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho” en el país, mencionó a Jalisco –junto con Tamaulipas, Michoacán y Guerrero– en “el costal” de los estados más delicados en cuanto a seguridad, para sorpresa de las autoridades locales. En contraste, el Agregado Nacional de los Indicadores de Seguridad en 2014, publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), deja en evidencia un discurso que no se soporta en cifras oficiales. Si tomamos como referencia, por citar un ejemplo, la tasa por cada 100 mil habitantes de los delitos de alto impacto, específicamente homicidio doloso y secuestro, las cosas indican algo muy distante. En materia de homicidio doloso, existen 15 estados de la República con una tasa de incidencia mayor que la de Jalisco (11.5), misma que se encuentra por debajo de la media nacional (13.1). De hecho, Guerrero es el estado más violento del país en cuanto a este indicador: con una tasa 3.7 veces mayor que la de Jalisco. Corresponden las cifras con el caso Guerrero, pero ¿por qué Jalisco? Hay 25 entidades federativas con una tasa de secuestro mayor que la de Jalisco (0.3). Destaca tambi, ¿pncesia  es Tamaulipas;uy distante en las cifras oficiales. do.én que el estado que tiene la  mayor incidencia en secuestros es Tamaulipas; incidencia que es 27 veces mayor a la de Jalisco. Entonces, ¿por qué Jalisco? Si atendemos a las cifras oficiales del gobierno federal, para que Jalisco formara parte de la “lista roja”, tendrían que estar antes incluidos 15 estados –cuando menos–.

Recordemos que cuando el Gobierno Federal decidió crear “policías únicas” (27/Nov/2014), Jalisco ya registraba un considerable avance en la materia, de entre los muy pocos estados de la República que ya trabajaban en ellas.

Ahora bien, ¿cómo estuvo Jalisco en materia de delitos del fuero federal en 2014? Muy mal. De acuerdo SESNSP fue el segundo estado del país con el mayor número de delitos contra la salud en su modalidad de comercio, el primero en su modalidad de posesión y ostentó el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a delitos que violaban la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Pero atención, son delitos que compete combatir en primer lugar al gobierno federal. Tal parece que la participación del gobierno federal en materia de seguridad se queda muy atrás de los esfuerzos emprendidos en Jalisco. Una afirmación sin duda fuerte y de mucho trasfondo.

Es muy extraño que el sello distintivo del Gobierno Federal en la ejecución de sus “operaciones quirúrgicas”, que llevaron a la detención de los capos más peligrosos y buscados del país (El Chapo Guzmán, La Tuta, El Z-40), mismas en las que “no se registró ni un solo disparo”, no se hubiese repetido la fórmula con la “Operación Jalisco,” que tenía como objetivo la aprehensión los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación. La operación implementada por el Gobierno Federal resultó ser todo un desastre, de relevancia histórica (por el helicóptero derribado) y de proporciones mediáticas monumentales, que en términos de opinión pública le ha correspondido pagar a las autoridades de Jalisco, exclusivamente. Se arguye como justificación del fracaso del operativo federal, un supuesto “pitazo”, sutilmente atribuido al Gobierno Estatal por el periodista Carlos Loret.

Pero ¿qué “pitazo” puede hacer un Gobierno que no estaba ni enterado, que ignoraba la Operación? Parece que el sonado –y negado- distanciamiento entre el gobierno estatal y miembros del gabinete federal cobra ya algunos ejemplos innegables. Sobre todo en un contexto donde el Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, tiene un nivel de aprobación mayor que el del Presidente, de 65 y 39 por ciento, respectivamente (medido por Grupo Reforma, Mural; 8/Feb/2015). La nueva puesta en marcha del Coordinador de la Operación Jalisco, parece una táctica para restarle autoridad al Gobierno de Jalisco, en medio de una serie de señales que dejan en relieve serios desencuentros; mientras que los grupos delictivos aprovechan esta falta de voluntad de ambos para combatir el crimen organizado.

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