La iniciativa privada advierte que Jalisco es el más corrupto

En la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 (ENVE), realizada por el INEGI, se advierte la percepción sobre conductas delictivas en las entidades federativas. Destaca que en Jalisco, el 88.9% de los encuestados señala al menos una conducta delictiva o antisocial (quedando por arriba de la media nacional situada en 87.1%); advierten también el consumo de droga con un 61.7% (media nacional 49.6%); consumo de alcohol en la calle, un 61.5% (nacional 61.6%); robos o asaltos frecuentes, un 53.2% (nacional 55%); pandillerismo o bandas violentas, un 44.8% (nacional 41.9%); venta de droga, 44.5% (nacional 31.4%); vandalismo, 37.1% (nacional 39.6%); homicidios, 32.9% (nacional 29.1%); extorsión a manos de delincuentes, 24% (nacional 28.7%). Destaca que las conductas delictivas como consumo de droga y alcohol, pandillerismo, venta de droga y homicidios, están en Jalisco por arriba de la media nacional. Son razones suficientes para que la industria, el comercio y los servicios se vean afectados económicamente, debido al prevaleciente clima de inseguridad que se resguarda bajo la impunidad que impera en el Estado.

La percepción sobre los temas que más afectan al sector en Jalisco son: Inseguridad y delincuencia, 64.8% (nacional 57.4%); bajo poder adquisitivo de la población, 45.1% (nacional 39.2%); impuestos, 34.4% (nacional 32.7%); falta de apoyos del gobierno, 26.7% (nacional 33.5%); trámites con el gobierno, 24.4% (nacional 20.5%); corrupción, 21.3% (nacional 16.3%). Cabe señalar aquí que el sector comercial, industrial y de servicios advierte que en corrupción, Jalisco es ¡el número uno en el país! con ese 21.3%, apenas seguido por Sinaloa, con 20%, y en tercer lugar Morelos con 18.3%. Inseguridad y delincuencia, bajo poder adquisitivo, cantidad de impuestos a pagar, tramitología, y por supuesto corrupción, todas por arriba de la media nacional, confirman los problemas derivados de la ausencia de impartición de justicia, y de la complicidad de la mayor parte de las autoridades para que la corrupción no sólo no se castigue, sino que deliberadamente se aliente, al garantizar impunidad.

Sobre la inseguridad y delincuencia, el sector comercial encuestado en todo el país indica que resulta afectado en un 61.1%; el sector industrial manifiesta un 48.4%; y el sector de los servicios plasma un 55.8%. En cuanto a la corrupción, el sector comercial manifiesta un 16.5%; el industrial un 15.7%; y el de servicios un 16.8%. En orden de percepción sobre corrupción a nivel empresarial en el país, el sector servicios resulta el más afectado, seguido por el sector comercial, y luego el industrial. En cuanto a inseguridad y delincuencia, el sector comercial es el más afectado, luego el de servicios, y por último el industrial. Pero en estos mismos problemas, las micro empresas del país perciben una afectación de un 57.4%; las pequeñas empresas un 55.6%; las medianas empresas un 58.8%, y las grandes un 63%. En la percepción de corrupción, las micro empresas manifiestan un 16.4%; las pequeñas empresas un 18.8%; las medianas empresas un 18.7%; y las grandes un 18.6%. Es decir, las pequeñas empresas son las más afectadas por la corrupción (son las que no hacen negocios con el gobierno), seguidas de las medianas, después las grandes y al final las micro. Asimismo, las grandes empresas se ven más afectadas por el clima de inseguridad y delincuencia.

El total de costos del delito que refleja la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 (ENVE) en Jalisco -en pesos, durante 2015-, se calculó a través de dos conceptos: 1) medidas de protección contra la delincuencia (6 mil 509 millones 748 mil 655 pesos); y 2) pérdidas a consecuencia del delito (4 mil 950 millones 994 mil 206 pesos). El costo total representa 11 mil 460 millones 742 mil 861 pesos para el sector industrial, comercial y de servicios. Estos son algunos de los costos que la iniciativa privada paga por tolerar un sistema corrupto de impartición de justicia, y por los gobiernos cómplices -de todos los partidos- que hacen del soborno y el tráfico de influencias, una regla consuetudinaria no escrita, en ejercicio del poder...

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