Algunos funcionarios de Jalisco ¿deben ganar más que el gobernador?

Este 27 de marzo, los diarios jaliscienses publicaban el oportuno anuncio que hiciera el Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, en relación a los desproporcionados sueldos que reciben varios funcionarios públicos del estado, algunos de ellos por encima de la remuneración mensual que percibe el titular del Poder Ejecutivo Estatal, debido a que el sueldo que ganan no encuentra sustento alguno respecto de la responsabilidad e importancia que enviste el cargo público que ostentan. Si consideramos que el Gobernador gana 166 mil 194 pesos mensuales, las percepciones del magistrado presidente del Tribunal de lo Administrativo del Estado, que gana 235 mil 875 pesos mensuales brutos, son por decir lo menos, exageradas. Otro caso es el de los magistrados de las otras Salas del TAE, que tienen un sueldo de 219 mil 518 pesos. En la misma desproporción se encuentra el sueldo mensual del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que es de 182 mil 898 pesos, así como los sueldos de los consejeros del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que perciben 180 mil 675 pesos mensuales. Como estos ejemplos está el del Auditor y de un buen número de funcionarios que perciben remuneraciones que no corresponden con su nivel de responsabilidad.

Al final la semana pasada el Gobernador puntualizó que “hoy hay mucho funcionario que gana más que el Gobernador, cuando esto me parece injusto en función de las atribuciones del trabajo. Creemos que debe haber mesura, que debe hacer ética y, sobre todo, que debe haber un gran sentido de responsabilidad, de austeridad por parte de todos los gobiernos y de todas las autoridades que representamos el poder público”.  Algunos, se preguntarán ¿y por qué nadie puede ganar más que el Gobernador? ¿Bajo qué criterio o elementos se emite este juicio? Porque tanto en el orden federal, como estatal, el único poder del Estado que recae sobre “un solo individuo” es el Ejecutivo (los Secretarios del Despacho no son sus iguales, son sus empleados), a contraparte del poder legislativo que recae –según sea el caso– en una larga lista de personas que lo conforman (diputados) y el poder judicial en magistrados, jueces y consejeros.

Que el titular del Ejecutivo –tanto federal como local– perciba la remuneración más alta en el servicio público, en virtud de sus responsabilidades y funciones, es un asunto justificado. Tal y como lo dispone ya la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 127, Fracción II, en el entendido de que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República”. Al respecto, es importante señalar que la Fracción VI del artículo 127 de la Constitución señala que las Legislaturas de las entidades federativas de la República, expedirán las leyes correspondientes para hacer efectivo todo el contenido que comprende el 127 constitucional, en particular, el criterio de que nadie podrá percibir un sueldo mayor al del Presidente. 

No obstante, lo más interesante del caso es que Jalisco lleva varios años de atraso en homologarse a esta disposición federal, pues el sensato criterio contemplado en el 127 constitucional sobre el principio del tope máximo que regirá la remuneración en la función pública, fue publicado a través de una reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de Julio de 2009, estableciendo en su Primero Transitorio que esta reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación (23/Jul/2009); y en el Quinto Transitorio que las “Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la legislación, de conformidad con los términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor”.

Es tiempo de que Jalisco asuma ya un criterio para establecer las remuneraciones de sus servidores públicos. Si la Constitución señala expresamente que a nivel federal nadie podrá ganar más que el presidente, en Jalisco, nadie debería ganar más que el gobernador del Estado. Ya es tiempo de elevar este tema a rango constitucional en Jalisco y, con ello, poner un alto a la discrecionalidad en la asignación de sueldos y dietas. Para que esto ocurra, es preciso que las declaraciones del gobernador, muy a tono de la austeridad y los recortes presupuestales, se convierta en una iniciativa de ley para normar este descontrol en la asignación de remuneraciones para funcionarios públicos.

 

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