Cómo explicarán que se apruebe la cuenta pública de Emilio González Márquez

La corrupción podrá reducirse sensiblemente cuando los gobiernos municipal, estatal y federal estén dispuestos a castigar -y no negociar, como lo hacen- los innumerables daños cometidos contra el patrimonio público.

En la Enciclopedia de la Política, del doctor Rodrigo Borja, se señala que “la transparencia significa fundamentalmente que las cosas del poder deben ser limpias y públicas (…) que debe abolirse el secreto en el ejercicio del poder y en la administración del Estado”.  Apunta que fue Mijail Gorbachov quien puso este término en el debate público, a finales de los 80, y “lo denominó ‘glasnost’, que en ruso significa transparencia o también publicidad”. No obstante, se sostiene que a un mejor y mayor nivel de acceso a la información pública, correspondería un menor nivel de corrupción. Sin embargo, no necesariamente es así. De hecho, parece no haber ninguna correlación entre un mejor marco legal en materia de acceso a la información pública y menores niveles de corrupción. Veamos.

El estudio Global Right to Information Rating 2014, de la organización no gubernamental “Centre for Law and Democracy”, avalúa la calidad del marco legal de un país para el acceso a la información pública, en los 95 países más importantes de los cinco continentes. Este estudio destaca que México ostenta uno de los mejores andamiajes institucionales-legales del Orbe en acceso a la información pública. De acuerdo a este ranking, México ocupa un “honroso” 6to lugar a nivel internacional (de un total de 95). No obstante, cuando se mide la corrupción de nuestro país, bajo una perspectiva internacional comparada, México resulta muy mal evaluado. Según el Índice de Percepción de Corrupción 2014, publicado por “Transparencia Internacional”, México ocupa el lugar 140 de un total de 175 países evaluados (de todos los continentes del Mundo).

Aún más, de acuerdo al mismo estudio, Global Right to Information Rating 2014, Austria ocupa el último lugar en cuanto a la calidad del andamiaje institucional que tiene en materia de acceso a la información pública. Pero, a pesar de ello, Austria ocupa el lugar número 23 -de 175 países evaluados- en el índice de corrupción 2014 publicado por Transparencia Internacional. Es decir, 117 posiciones arriba que México en el índice de corrupción, a pesar de que nuestro país tiene una de las mejores legislaciones del orbe en materia de acceso a la información, mientras que Austria la más deficiente. Más aún, de acuerdo al citado índice de Transparencia Internacional, el país menos corrupto es Dinamarca. Sin embargo, de acuerdo al ranking  global que evalúa el desarrollo de la legislación en acceso a la información, Dinamarca se posiciona en el grupo de los 24 países más atrasados en este tema (de un total de 95 países, de los cinco continentes), ubicándose en el lugar 10 como país con mayor rezago en legislación para el acceso a la información pública.

De acuerdo al Índice de Información Presupuestal Estatal 2014, del IMCO, que evalúa “el nivel de transparencia en el gasto público”, Jalisco ostenta el primer lugar a nivel nacional en este indicador. De acuerdo al mismo indicador, en 2012, Jalisco ocupaba el cuarto lugar a nivel nacional. No obstante lo anterior, ambas posiciones no corresponden con la corrupción e impunidad tolerada al flagrante daño patrimonial de 7 mil 573 millones de pesos al presupuesto estatal de 2012 –sólo durante este año-, señalado por la Contraloría del Estado de Jalisco. Así que a pesar del primer lugar en el “nivel de transparencia en el gasto público” de Jalisco, la impunidad en el daño al patrimonio de los Jaliscienses se pasa por alto, con el consentimiento de las más altas autoridades del gobierno.

La corrupción podrá reducirse sensiblemente cuando los gobiernos municipal, estatal y federal estén dispuestos a castigar -y no negociar, como lo hacen- los innumerables daños cometidos contra el patrimonio público. El caso es que no hay ministerio público, ni jueces comprometidos a castigar de manera ejemplar la corrupción –todos cómplices-. Así que, tolerándola, el gobierno de Jalisco alienta una red de complicidades, debido a que con sus omisiones fortalecen la impunidad, al otorgar protección política –y jurídica- a los descarados robos cometidos desde el poder. De lo contrario, ¿cómo explicarán que se apruebe la cuenta pública de Emilio González Márquez?

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