Ya cumplió la Contraloría, la Fiscalía ¿cuándo?

Este 29 de septiembre, El Informador publicó que el Contralor del Estado de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, señaló que hace pocos días presentó una cuarta denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco por presuntos malos manejos de los recursos en contra de la Secretaría de Desarrollo Rural. En esta Secretaría, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró primordialmente anomalías por poco más de 21.8 millones de pesos (mdp); adjudicaciones directas por un monto cercano a los 11 mdp; la compra de 39 motoconformadoras inservibles de origen chino a un proveedor que estuvo preso por fraude en el mismo año de la compra; y la utilización de maquinaria de la Seder durante al menos ocho meses en el Rancho El Mexicano, propiedad de la familia del ex titular de la dependencia. 

Esta denuncia se acumuló a otras tres denuncias ya presentadas por la Contraloría del Estado ante la Fiscalía. La que se hizo en contra de la Inmobiliaria y Promotora de Vivienda de Interés Público (Iprovipe), de la que se llegó a comprobar que no reportaba las aportaciones de sus trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), adeudando poco más de 7.3 mdp al Ipejal. La entrega de 690 mdp para la construcción de Villas Panamericanas, cuando el Iprovipe tenía la finalidad de mejorar, otorgar y gestionar viviendas de interés social y popular, mientras que los departamentos de las Villas superaban hasta 12 veces el costo de un hogar de interés social. La inversión irregular de 150 millones de pesos en predios no aptos para la construcción de este tipo de vivienda. Incluso, en 2012, la venta de predios en posesión de Iprovipe muy por debajo de su valor real, para culminar con broche de oro “su agosto” de seis años de corrupción. De igual forma ya se había presentado otra denuncia por los malos manejos encontrados en el Seguro Popular, en donde la ASF evidenció graves irregularidades, pues detectó desvíos en el 56 por ciento de sus recursos en 2010 (1,095 mdp) y el subejercicio correspondiente al 43 por ciento de los recursos del Seguro Popular en 2011 (1,063 mdp), lo que ocasionó una severa escasez de medicamentos para sus “beneficiarios”.

Destaca que ya se ha presentado una denuncia más en contra del Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (Capece), en donde se encontró que durante los seis años de gestión de Salvador Uribe Avín, al frente del Capece,  fueron adjudicados de forma directa e irregular 1,538 millones de pesos.

Un día después, es decir, el 30 de septiembre, el Contralor Bañuelos Guardado anunciaba que ya se integran dos nuevos expedientes a fin de presentar una denuncia en contra del Code y otra en contra del Instituto de Pensiones de Jalisco (Ipejal). De Ipejal se supo la ordeña de 89 millones de dólares para ese “elefante blanco” llamado Chalacatepec, “El Nuevo Cancún” según Emilio González, que hoy día permanece en el limbo; así como la inversión de 340 mdp para la construcción de las Villas Panamericanas, otro “elefante blanco” que terminó perjudicando al patrimonio estatal. Todo ello con el dinero de ahorros y aportaciones de los servidores públicos jaliscienses.

Del CODE se conoció el escandaloso manejo de los recursos que hicieron en los Juegos Panamericanos de 2011, en donde se documentó infraestructura deportiva mal hecha y a sobreprecio, además de deberse 400 mdp a proveedores del Copag y un crédito quirografario de 1,400 mdp que Emilio solicitó pero que nunca pagó. Baste mencionar que el presupuesto inicial de los Juegos era de 180 millones de dólares (mdd), y al finalizar su realización el gasto ascendió a 750 mdd. No obstante, la “ingeniosa” solución de Emilio fue fiel a su estilo: el 15 de enero de 2013 se solicitó un crédito de 2,439 mdp para tapar el quebranto financiero que habían dejado todos los hoy impunes funcionarios que malversaron los recursos durante la organización de la Justa Deportiva. De nueva cuenta, la sociedad de Jalisco tuvo que asumir, por la vía de la deuda, el enorme daño patrimonial dejado por Emilio, para terminar pagando una vez más “los platos rotos” de “El Sexenio de la Corrupción”. La Contraloría hace su trabajo. Pero la Fiscalía, ¿cuándo?

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