¿Hay confianza para instrumentar un impuesto verde en Jalisco?

El pasado 30 de mayo, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público del Estado de Jalisco presentó cuatro recomendaciones –que se instrumentan a través de 22 políticas públicas–, a efectos de resarcir el impacto ambiental que genera el uso cada vez más indiscriminado y creciente del automóvil. El panorama no es nada alentador: el 95 por ciento de las contaminantes presentes en el aire son generados por los vehículos motorizados. El punto más polémico de esta propuesta tiene que ver, sin lugar a dudas, con la denominada "tenencia verde" que, de acuerdo a la propuesta de este Observatorio, se aplicaría como un "impuesto ambiental al uso del auto, basada en la antigüedad, desempeño vehicular y eficiencia energética de los autos", mismo que iría a un "fideicomiso verde (...) orientado a la aplicación de políticas, programas y medidas de reducción de contaminantes atmosféricos por fuentes fijas y móviles, estrategias de mejoramiento de salud pública y ambiental, así como a las formas sustentadas de movilidad y transporte".

La instrumentación de todo impuesto es por definición impopular: su conceptualización –tanto en su origen etimológico, como en su definición gramatical, jurídica y académica– implica siempre una imposición, una exacción de carácter coactivo. Crear un nuevo impuesto conlleva un costo social y político, incluso si se trata de uno "verde", que buscaría acumular aproximadamente cinco mil millones de pesos para destinarlos, luego, a crear nuevas opciones de transporte público y ciclovías. La propuesta se puede mejorar, desde luego. Sobre todo en el planteamiento de que ese impuesto al automóvil sea menor para los autos de escaso valor y de modelos antiguos. El impuesto debe ser al tamaño del motor, que a su vez determina en buena medida el consumo de combustible. Como ocurre en CFE, paga más, quien más consume. Para este caso se debería traducir en paga más, quien más consume combustible y, por tanto, más contamina también.

No obstante, al día siguiente de conocerse la propuesta del Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte (otro de esos organismos demagógicamente llamados "ciudadanos", lo que es una obviedad), la prensa registró una inconformidad que se traduce en un sutil, pero firme rechazo. Esa renuencia no es en sí a la idea de optimizar el trasporte, desincentivar el uso del automóvil o mejorar la calidad del aire. Tampoco a las instituciones que integran ese Observatorio. Las resistencias ocurren, fundamentalmente, por los escasos resultados que los gobiernos han logrado en materia de transporte público, por la demagogia que ha carcomido la cada vez más escasa credibilidad en los posibles resultados y, por la desconfianza real y bien ganada sobre el manejo que se darían a los recursos derivados de un nuevo impuesto. En suma, no es que no sea necesaria o técnicamente viable la propuesta. El punto es que en este momento no hay capital social y político para sacar adelante una iniciativa positiva como ésta debido, sustancialmente, a la desconfianza legítima en los gobiernos. Así de claro.

Ahora bien, ¿la reacción es injustificada? No, yo creo que no. Por el contrario, se cosecha lo que se ha sembrado con asignaciones directas, licitaciones amañadas, compras a sobreprecio, concesiones para familiares, amigos y cómplices (mismas que se justifican, porque son sus amigos). No hay confianza cuando al gobierno se le endeuda y se compromete con ello el desarrollo de las siguientes generaciones. No hay esperanza cuando el "robo del siglo" y el "robo al pueblo" no ameritaron castigos y Emilio sigue impunemente campante. Naturalmente que la desconfianza es plenamente justificada cuando todas las obras públicas de gran envergadura (como las que requeriría una inversión que mejore sustancialmente las alternativas de transporte –cinco mil millones de pesos-) terminan costando mucho más de lo previsto y se realizan con pésima calidad para beneficio del contubernio entre constructores y funcionarios. Efectivamente se necesita desincentivar el uso del automóvil, pero para crear nuevos impuestos también es necesario que la autoridad recupere eso que ha dilapidado, la confianza.

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