Mercado, Estado e impunidad

Cuando un Estado falla en la tarea de mantener el orden y la seguridad pública, el resto de sus funciones se verán súbitamente menguadas. La impunidad que se acredita es un problema muy agudo. Quienes optan por el rentable negocio de la criminalidad advierten que delinquir en una país de instituciones débiles, resulta no sólo sencillo, sino además rentable. Con peculiar oportunidad, el 27 de octubre José Manuel Mireles habló de lo que según él son las opciones de muchos mexicanos abandonados por la fragilidad y limitantes de nuestro precario Estado de derecho: “Autodefensa o fosa, la decisión que deben tomar los mexicanos”.

No obstante, muchos gobierno locales, como el de Jalisco, siguen sin caer en cuenta que si se sostiene la impunidad, se alienta con ello la descomposición social, la violencia y la multiplicación de grupos organizados dedicados al crimen. A la postre, esa tolerancia cómplice a la corrupción, al fraude, al daño patrimonial, al crimen organizado, degenera en una anomia. Un Estado donde se trasgreden sistemáticamente las leyes sin que el gobierno tenga la capacidad de parar la espiral degenerativa. Así que, las reformas, el presupuesto austero o las pretendidas finanzas sanas no lo serán, si se cierra los ojos a la impunidad.

Seguridad pública no es sinónimo de policía eficiente, como frecuentemente se piensa. Tal vez en ello resida la explicación a los resultados negativos conseguidos por lo que va del gobierno de alternancia federal y estatal. Aunque, desde luego, las fuerzas policíacas inciden en la construcción de la seguridad, no son el único factor. En relación a esto, el maestro Jorge Nader Kuri -secretario técnico de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia- , explicó que la seguridad pública tiene que ver con algo más que la simple prevención del delito: “Involucra la persecución de conductas antisociales y delictivas y se articula a todo el proceso de impartición de justicia”. 

Nader insiste en que para mejorar la seguridad pública es necesario garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales; de un poder judicial independiente - plena autonomía de los jueces y magistrados- y el establecimiento de una cultura judicial mínima en la sociedad. Combatir la delincuencia supone, también, la necesidad de dotar de eficiencia y honorabilidad a la impartición de justicia, hoy tan notoriamente ausente de ambas. Ayer lo escribía con senda argumentación Enrique Toussaint en El Informador: “El problema no es el mercado, sino el Estado: su debilidad, porosidad, corrupción, impunidad y ausencia de rendición de cuentas”…

 

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