Medias tintas en el derecho a saber

El ITEI dio a conocer la evaluación con respecto a la publicación de información fundamental en los sitios Web de los sujetos obligados (28 de julio de 2014). Informó que el Poder Legislativo y la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) lograron una calificación global en materia de transparencia de 86.8. No obstante, destacó el hecho de que en la publicación de información fundamental de índole financiera, patrimonial y administrativa, el Congreso obtuvo una calificación reprobatoria de 40, lo que a todas luces acusa una mala práctica: lo que sí se publica en la Web del Congreso es la información pública de poca trascendencia. Justo por ello alcanzó la “buena” calificación de 86.8.

Como señaló la Presidenta del ITEI, una calificación global de 86.8 “no es suficiente”. “El mínimo aceptable que debe tener una institución es 100, pues la ley nos obliga a cumplir al 100 por ciento, no al 90 ni al 80 por ciento, o menos” (ITEI, 28/Jul/2014). El ITEI advirtió que el Congreso del Estado y la ASEJ omiten la publicación de las cuentas públicas de municipios y el gobierno de Jalisco, fiscalizadas por el Legislativo. En cuentas públicas, auditorías internas y externas e informes de gestión financiera, el Poder Legislativo fue calificado con un vergonzante 37.5, pues además la información publicada data de ¡3 años atrás!. Por esta razón el ITEI les otorgó un plazo de 20 días para que reportaran un avance en la publicación de la información fundamental faltante.

La ley también prevé la entrega de información en formatos digitales como una manera de incentivar la consulta a la que el ciudadano tiene derecho, de manera rápida y sencilla, por correo electrónico. Pero contrario al avance tecnológico, los sujetos obligados entregan muy poca información en formatos digitales. Veamos. 

En el Poder Ejecutivo, de 2,455 entregas de información que se hicieran de enero a junio de este año, sólo el 5 por ciento de estas se respondieron vía electrónica. Por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad, de las 320 respuestas dadas a peticionarios de enero a junio de este año, ninguna se hizo vía electrónica. Otro caso es el de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, que de las 411 entregas de información, sólo dos respondió al peticionario vía electrónica.

En los ayuntamientos también se sigue esta tendencia. Por ejemplo, en Tlaquepaque, de las 55 entregas de información hechas de enero a junio de este año, ninguna la respondió vía electrónica. Lo mismo pasa con Tonalá en sus 382 respuestas, con Zapotlanejo con sus 125 entregas a peticionarios y en Chapala con sus 26 entregas de información, durante el primer semestre de 2014: Ninguno de estos casos entregó información vía electrónica.

En cuanto a los OCA’s resalta la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que se supone debería promover el acceso a la información pública (por ser un derecho humano) y los principios que la rigen de acuerdo a las leyes competentes en la materia. Pues bien, de las 149 entregas de información que hizo la CEDHJ en el primer semestre del año, sólo tres las hizo vía electrónica. Respecto de los partidos políticos, destaca el caso del PAN: de las 18 respuestas de información en los primeros seis meses de 2014, sólo una la entregó vía electrónica.

A nivel estatal, la totalidad de los sujetos obligados promedian apenas un 35 por ciento de entregas a peticionarios por vía electrónica. En cuanto a la Universidad de Guadalajara, de enero a junio de 2014, el 56 por ciento de las 129 respuestas se hicieron vía electrónica. También hay casos para reconocer. Entre los que más usan el formato electrónico (y facilitan la consulta) está en primer lugar el Supremo Tribunal de Justicia, que acredita un 100 por ciento de entregas efectuadas por ésta vía (99 respuestas). Le sigue Lagos de Moreno con 97 por ciento (60 entregas) y el ITEI con el 96 por ciento de respuestas realizadas vía electrónica (de las 152).

Jalisco fue el primer estado en legislar sobre el acceso a la información pública, pero hoy el cumplimiento deja mucho que desear. Las evaluaciones también resultan poco útiles cuando lo importante no se publica en la Web, pero se emiten calificaciones globales que resultan engañosas para la opinión pública.

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