Jalisco necesita, ¿otro Jefe de gabinete?

El gobierno de Jalisco creó una figura a la que llamó “Jefe de Gabinete”. A la fecha la oficina creada mediante decreto del gobernador, el 15 de julio de 2014, ha tenido dos titulares: Alberto Lamas y Enrique Dau. En este momento, la oficina se encuentra acéfala y en proceso de revisión. La polémica Jefatura de Gabinete en Jalisco, en la práctica, sirvió para mermar las facultades que por ley corresponden al Secretario General de Gobierno, mediante una representación empoderada por el gobernador que coordinaba a los secretarios del poder ejecutivo. Pero a la luz de la prevista reestructuración en el Poder Ejecutivo, es oportuno preguntarnos, Jalisco necesita, ¿otro Jefe de Gabinete?

Vamos por partes. Como sostiene Karl Loewenstein, el gabinete en un sistema presidencial es “algo cuya existencia es más psicológica que Constitucional”. A su vez, el doctor Rodrigo Borja –autor de la enciclopedia de la política- coincide y señala que en un sistema presidencial “el gabinete no es un órgano constitucionalmente establecido. La reunión de los ministros es simplemente una costumbre aconsejada por la conveniencia y que responde a necesidades de asesoramiento o consultoría del Presidente, pero sin que él esté obligado a convocarlo ni a obedecer sus opiniones”. No es casualidad que tanto la constitución federal como la local NO mencionen, por ninguna parte, la palabra “gabinete”. No obstante, en ambas constituciones sí se mencionan reiteradamente las palabras “secretario y secretarios del despacho”.

Bajo la forma de gobierno presidencial, el nombramiento de los secretarios del despacho y su remoción es facultad exclusiva del Ejecutivo. En contraparte, en un sistema parlamentario, el gabinete está sujeto a mociones tanto de confianza como de censura por parte del parlamento, cosa que definitivamente no ocurre en México.

La figura del Jefe de Gabinete apareció en Argentina, en 1994. El objetivo fue provocar una efectiva y mejor rendición de cuentas del Ejecutivo frente al Congreso y una mayor interacción entre ambos poderes. Asimismo, el Jefe de Gabinete funciona como fusible en momentos de alta tensión política entre el Presidente y el Congreso, pudiendo incluso ser sujeto de moción de censura del parlamento y removido del cargo, que es la característica más distintiva de esta figura. La Jefatura de Gabinete NO está concebida para organizar o coordinar las secretarías o ministerios o la administración pública (cosa que en todo caso corresponde en México al secretario de gobernación), sino para establecer un contacto mucho más directo, cercano, constante y responsable del poder Ejecutivo con el Congreso, a través de esta “bisagra”.

En el caso argentino, el Jefe de Gabinete tiene “responsabilidad política ante el Congreso de la Nación” y debe “producir los informes y explicaciones verbales o escritas que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo”. Pero, atención, “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.” Así que si ha de existir la figura de un Jefe de Gabinete, es si y solo si, éste, será responsable ante el Congreso y estará sujeto a la moción de censura por parte de los diputados.

Además, el Secretario General de Gobierno es el único secretario mencionado por la Constitución de Jalisco en el artículo 46. A todos los demás, la Constitución se refiere sólo como “secretarios del despacho”. Al Secretario General de Gobierno corresponde, incluso, suplir las ausencias temporales del gobernador (artículo 43). De esta forma, ¿cómo es que un Jefe de Gabinete, creado por decreto, y que no está ni en la Constitución ni en la ley orgánica, coordinará al segundo a bordo del Poder Ejecutivo, previsto así por la constitución de Jalisco? Lo que se necesita es un secretario general de gobierno que goce de total y absoluta confianza por parte del gobernador – con lo que nunca contó Zamora- para desempeñar su función, dejando de lado una figura que lejos de ayudar, sólo enrarece las relaciones entre los titulares de las secretarías del Poder Ejecutivo y vulnera el orden de mando establecido por la Constitución de Jalisco.

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